Ronny Rojas
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La Sala Constitucional advirtió a los funcionarios públicos que deben ejecutar las sentencias dictadas aún cuando no se les haya notificado el fallo completo.

Esto es parte de una decisión de los magistrados, mediante la cual le ordenaron al gerente del Banco Popular, Gerardo Porras, “que de inmediato y sin necesidad de que se le comunique el texto íntegro de la sentencia”, le permita al sindicato de la entidad el envío de correos masivos.

Los juristas constitucionales alegaron que un funcionario no necesita el contenido de la sentencia para saber cómo proceder. La parte resolutiva es clara: un funcionario no puede pretender desconocer una copia certificada, una vez que ha sido entregada.

La resolución contra el gerente del Banco Popular fue tomada el 11 de marzo anterior y responde a un recurso de amparo que presentó el sindicato, alegando que Porras “se negaba a facilitarles el acceso al servicio institucional de correo electrónico para el envío de correos masivos”.

Previamente, mediante otra sentencia del 7 de noviembre de 2008, la Sala Cuarta le ordenó al gerente abrir el acceso al servicio de correo electrónico para los sindicatos.