Alejandro Arley Vargas
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La Sala Constitucional ratificó las penas de 50 años de cárcel al declarar sin lugar una acción de inconstitucionalidad que planteó Alexánder Vargas Rojas, quien está recluido en Máxima Seguridad de La Reforma.

El privado de libertad se manifestó en contra de los artículos 51 y 76 del Código Penal, relacionados con este tipo de condenas.

Vargas fue sentenciado a 173 años de prisión por un triple asesinato ocurrido la noche del 22 de noviembre de 1995.

La acción se presentó contra “las supuestas infracciones en el procedimiento legislativo de reforma de los citados artículos y por el carácter perpetuo y degradante del monto de la pena de 50 años de prisión”, informó ayer la oficina de Prensa de la Corte.

Según consta en el expediente 08-013240-0007-CO, disponible en el sitio en Internet de la Sala IV, Vargas también argumentó que las personas que sufren una sentencia tan prolongada, aunque logren una preparación académica universitaria, no tienen derecho de ejercer sus profesiones.

Con esta decisión, los magistrados de la Sala Constitucional mantuvieron la aplicación de la pena y activaron los procesos que estaban suspendidos por este expediente.

Condena máxima

En Costa Rica, aunque los Tribunales de Justicia impongan penas de 100 años o más de prisión, los condenados descuentan un máximo de 50.

Así lo establece el artículo 51 del Código Penal que dice textualmente: “La pena de prisión y las medidas de seguridad se cumplirán en los lugares y en la forma en que una ley especial lo determine, de manera que ejerzan sobre el condenado una acción rehabilitadora. Su límite máximo es de cincuenta años”.

El crimen de “Repollo”

Alexánder Vargas, conocido en medios policiales como “Repollo”, fue hallado culpable de matar a tres personas en barrio Fletcher, en Llorente de Tibás.

Las víctimas fueron un niño de solo año y medio de edad y sus padres. El crimen ocurrió en la residencia de la familia.

Vargas se ha dedicado a estudiar durante los 13 años que lleva recluido y buscaba una eventual reducción de su pena.

En una entrevista que concedió a “La Nación”, en febrero pasado, dijo que está arrepentido y que pronto se graduará como administrador de empresas.