Erick Carvajal M.
ecarvajal@aldia.co.cr

         

El Ministerio Público ofreció ayer como prueba, en el juicio que se sigue contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y ocho personas más, la acusación y condena de Cristian Sapsizian, exgerente de Alcatel para América Latina, condenado en Estados Unidos a 30 meses de prisión por conspirar para pagar dádivas a funcionarios públicos costarricenses a cambio de un contrato de telefonía celular GSM con el ICE.

Dichos documentos, traducidos oficialmente al español, fueron ofrecidos al Tribunal por la fiscal Maribel Bustillo.

Sapsizian, quien confesó en junio del 2007 haber pagado sobornos por más $2,5 millones, también fue condenado a cancelar una multa de $261.500 y servir tres años de libertad supervisada, tras cumplir la condena.

La Fiscalía también volvió a presentar, esta vez como prueba ordinaria, toda la documentación financiera obtenida en Panamá, la cual había sido rechazada por el juez Ricardo Madrigal, el 12 de noviembre del 2008.

La documentación financiera panameña contiene datos sobre las transacciones en la sociedad Inversiones Denisse, la cual, según la Fiscalía era controlada por el expresidente Rodríguez.

Rafael Gairaud, abogado del exmandatario, indicó que esa misma prueba tiene los mismos defectos que la rechazada por el juez Madrigal, en la etapa intermedia del proceso.

“La prueba tiene el mismo defecto, no ha cambiado en lo absoluto. Esta prueba no puede ser la que se puede admitir”, comentó Gairaud.

La Fiscalía también presentó como prueba contra Guido Sibaja, la condenatoria de su hermana Marlen Sibaja, notaria que se acogió a un proceso abreviado y fue condenada a tres años por el delito de fraude de simulación.

Además, pidió al Tribunal que se admitiera la grabación de televisión donde Sibaja admite, según la Fiscalía, de manera voluntaria, su responsabilidad en los hechos.

La abogada de Sibaja, Yamura Valenciano, indicó que todavía no se va a referir a la solicitud de la Fiscalía.

Otra prueba ofrecida por el Ministerio Público, fue un informe pericial del 5 de octubre del 2005 de la sección de delitos económicos del OIJ contra Eliseo Vargas García, expresidente ejecutivo de la CCSS.

En dicho estudio, según la Fiscalía, se evidencia el nivel de vida de Vargas versus los recursos que ganaba en su cargo.

Además, estableció el Ministerio Público, parte de los recursos que obtuvo Vargas por parte de Alcatel se utilizaron en la compra de la casa 59 de Valle del Sol.

José Miguel Villalobos, abogado de Eliseo Vargas, dijo que es una falta de seriedad de la Fiscalía. “Posiblemente están todavía ‘chimados’ porque no pudieron obtener la sentencia CCSS-Fischel y quieren resucitar ese caso aquí”, manifestó Villalobos.

Villalobos agregó que el Ministerio Público miente con descaro porque la sentencia del Tribunal CCSS-Fischel dice que no se llegó a determinar de quién es la casa de Valle del Sol.

“De parte nuestra, no cambiamos nuestra estrategia frente a eso. Lo que refleja son dos cosas: una actitud desesperada porque no tienen caso y dos, que si mienten en eso, pueden mentir en cualquier cosa”, dijo.

Contra Alfonso Guardia, el Ministerio Público ofreció como prueba la sentencia condenatoria contra el exdirectivo del ICE, Hernán Bravo, y la sentencia contra Leonel Barrios, exasesor de Alcatel. Según la Fiscalía, Barrios y Guardia le ofrecieron y dieron dádivas a Bravo.

Bravo y Barrios aceptaron su culpa en los hechos y fueron condenados a tres años, cada uno. El primero por el delito de corrupción agravada y el segundo por el delito de penalidad del corruptor.

Hugo Santamaría, abogado de Alfonso Guardia, manifestó ayer que todavía no se van a referir a este ofrecimiento de prueba por parte de la Fiscalía.