Erick Carvajal M.
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La Sala Constitucional ordenó a la CCSS a pagar las incapacidades de los educadores a quienes se les extendió de forma permanente o prolongada.
La Caja se negaba a cancelar el 60 por ciento del subsidio por considerar que no eran trabajadores activos y que el MEP se había comprometido a pagar el 100 por ciento amparado a la Ley de Carrera Docente.
La Sala consideró que al no pagarse este dinero se lesionaba el derecho de los educadores a la seguridad social, que atentan contra sus necesidades básicas y las de sus dependientes.
Fanny Sánchez, maestra en Turrúcares, fue una de las que presentó el recurso ya que durante tres años el MEP canceló el 100 subsidio, pero después le correspondía a la Caja y no lo hizo aduciendo que no era una trabajadora activa.
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