Erick Carvajal M.
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La Junta Directiva del Sindicato de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular cuestionó créditos concedidos por esa entidad a Coopemex, objeto de una intervención por la Sugef por supuestas irregularidades financieras.

Como parte del análisis de Sugef, una auditoría del Despacho Lara Eduarte determinó que las obligaciones, al 31 de diciembre del año pasado, de Coopemex con el Popular eran de ¢15 mil millones a seis años plazo y con pagarés como garantía y de ¢4 mil millones a 15 años plazo, con garantías hipotecarías.

Según la directiva sindical, los créditos fueron supuestamente concedidos a Coopemex ente que, a su vez, los usó en créditos a tasas de interés preferenciales.

“Muy por debajo de los porcentajes de crédito que presta en ventanilla el Banco Popular”, indica un documento del sindicato.

Respecto a esta denuncia del sindicato, el Popular hizo llegar un comunicado en el que explican que, por razones del secreto bancario, no pueden referirse a ningún dato sobre sus clientes apegándose a lo estipulado en el artículo 615 del Código de Comercio.

“Es necesario dejar claro que todas las operaciones crediticias del banco están respaldadas con las garantías suficientes para su cancelación. Lo anterior en estricto apego a la normativa que regula esta materia”, indica el comunicado de Maurilio Aguilar, director de Administración de Riesgo del Banco Popular.

Según Aguilar, los indicadores financieros del banco son sanos y gozan de una suficiencia patrimonial de ¢245 mil millones.

A su vez, la auditoría del Despacho Lara Eduarte determinó que las obligaciones de Coopemex con el Banco Hipotecario de la Vivienda eran de ¢1.909 millones al 31 de diciembre 2009. Clara Zomer, presidenta ejecutiva del Banhvi, aseguró: “Nosotros tenemos la seguridad de que ese pasivo está cubierto, porque la garantía son hipotecas de clase A”.

El 17 de febrero pasado las oficinas de Coopemex fueron intervenidas por el Conassif .

Ante denuncia de la Sugef, el Ministerio Público ahora investiga a cinco funcionarios de la cooperativa de apellidos López, García, Villalobos, Lara y Hernández, a quienes el Juzgado Penal de Turno Extraordinario los dejó libres con medidas cautelares.