No se vale pagar por un servicio de atención médica en forma puntual a la Caja Costarricense de Seguro Social sin garantía de recibir a tiempo la medicina, la consulta con un médico general o un especialista, el internamiento, la cirugía oportuna, los exámenes de laboratorio o las pruebas de diagnóstico.
Debe la Caja Costarricense de Seguro Social garantizar a los asegurados la atención médica que se le cancela por adelantado, mes a mes, obligados porque así lo estipula la ley para todos los trabajadores.
No debe su personal, ni sindicatos afectar o interrumpir el servicio a los asegurados, pues es a partir del pago de sus cuotas existe la Caja como institución es así que se pagan salarios, tiempo extraordinario, vacaciones y también huelgas que inician y terminan mancillando los derechos de los pacientes sin que aquí pase nada.
Si como entidad sanitaria no es capaz de garantizar el servicio de salud llamada a prestar por ley, que se les permita a los asegurados elegir dónde y cómo los atienden oportunamente sin obligarlos a la zozobra e incertidumbre de la cancelación de su consulta u operación, según sea el deseo o sentir de los anestesiólogos durante dos semanas o de las enfermeras de un hospital nacional este miércoles.
Si cada trabajador tuviera la libertad de escoger adónde operarse y a qué médico consultar sin estar expuesto al vaivén de reclamos laborales: ¿Cuántos confiarían su operación o su consulta médica a profesionales que postergan y cancelan su atención a su gusto o antojo? Sin duda serían muy pocos quienes por decisión propia se someterían a que les irrespeten su derecho a la salud.
En el reciente episodio de la huelga de anestesiólogos se cancelaron 2.936 cirugías, del 15 de noviembre al 2 de diciembre. Cada una de esas operaciones tiene el nombre y apellido de un asegurado enfermo, ansioso de atención y alivio a su quebranto de salud. La protesta también dejó a 21.438 sin consulta médica.
Todos ellos deberán sumar a su ya prolongada espera de atención, porque en la Caja no se atiende de un día para otro, como máximo seis meses que es el tiempo que concedió la institución a los hospitales para reprogramar las citas.
La Sala Constitucional ha establecido que el derecho a la salud es un derecho fundamental del ser humano en la medida en que el derecho a la vida depende, en gran parte, de su respeto.
Señores de la Caja y del gobierno: ¿Quién está velando por el respeto a este derecho fundamental de los asegurados?
A Elmer Delgado, de 60 años, le detectaron un tumor en la cabeza y perdió el movimiento en la parte izquierda de su rostro. Rosalinda González, de 85 años, tiene una lesión en la retina del ojo izquierdo que le provoca dolor. Son el rostro de los asegurados a los que negaron alivio en la huelga. A los que se les quedan mal y no pasa nada.
No hay derecho a lesionar a los pacientes cuando los temas en reclamo por médicos y anestesiólogos, enfermeras u otros pueden atenderse y resolverse trabajando sin dañar a otros.
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