La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) suspender al alcalde josefino, Johnny Araya, por un supuesto despilfarro de $2 millones en la contratación de un sistema informático para realizar catastro.
En enero, ese mismo órgano pidió al Concejo Municipal aplicar una suspensión de 15 días a Araya. Sin embargo, el jerarca apeló ante la Contraloría por considerarlo improcedente.
Esa vez, Araya envió al TSE una resolución de la Procuraduría General –de octubre del 2008 – en la que se señala que la única forma de separar a un alcalde de su cargo es mediante plebiscito, pérdida de credenciales o acusaciones penales.
Araya explicó ayer, durante el Peace Parade, que contó con aval del Concejo Municipal para efectuar la contratación.
Sin embargo, la Contraloría insiste en que hay vicios de procedimiento.
Araya no descarta acudir ante el Tribunal Contencioso.
