La jueza que concedió casa por cárcel a un panameño sospechoso de narcotráfico, no pidió a la Fuerza Pública que lo mantuvieran vigilado las 24 horas.
El imputado, de apellido González, aprovechó las facilidades que tenía para escapar a finales de abril anterior. Enfrentaba una causa penal por el delito de venta de drogas, confirmaron ayer las autoridades.
El 29 de abril anterior, el Juzgado Penal de Corredores envió a la Fuerza Pública de Paso Canoas una carta en la que informaba acerca de los dos meses de arresto domiciliario concedidos por un Tribunal de la zona al foráneo.
Dicho beneficio era por dos meses y vencía el 15 de junio próximo, reza en dicho documento.
“...por lo que se les solicita colaboración a fin de que proceda a realizar visitas frecuentes en dicha vivienda para constatar que el imputado está cumpliendo con el arresto domiciliario”, dice otra parte de la carta, firmada por la jueza Diana Vargas Badilla.
La funcionaria pidió a la Fuerza Pública “levantar un informe en caso de que no se encuentre en la vivienda”. Se refería a una casa ubicada en el barrio San Jorge de Corredores, “a un costado de la iglesia católica”, propiedad de la madre del imputado.
El 2 de mayo anterior, el jefe policial de la zona, Mariano Céspedes, envía una carta a la jueza informándole que el supuesto narco panameño había escapado.
A González lo habían detenido el 6 de abril por venta de drogas. Inicialmente debía purgar dos meses de prisión preventiva., informaron las autoridades.
Investigan a jueza
El caso es ahora investigado por el Tribunal de la Inspección Judicial del Poder Judicial, según confirmó ayer Isabel Hernández, jefa de la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Justicia.
“Me permito confirmarles que el pasado 4 de mayo la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada hizo de conocimiento de Tribunal de la Inspección Judicial este hecho por lo que se abrió una investigación, contra el Juez del Tribunal de Corredores”, informó la vocera judicial mediante un correo electrónico. Hernández no identificó al funcionario judicial investigado.
Pedirán cuatro meses de prisión preventiva
El Ministerio Público insistió ayer que solicitará cuatro meses de prisión preventiva contra dos mexicanos investigados por narcotráfico.
Se trata de dos hombres de apellido Mendoza y Martínez, a quienes una jueza benefició con casa por cárcel.
Ese fallo judicial generó malestar y controversia en diversos sectores del país. Incluso el caso es ahora investigado por la Inspección Judicial del Poder Judicial.
Ayer, por medio de su Oficina de Prensa, la Fiscalía de Narcotráfico reiteró que aprovechará una audiencia prevista para el próximo miércoles, en el Juzgado Penal de Pavas, para solicitar que los mexicanos sigan en prisión.
Ambos se encuentran desde octubre anterior en Máxima Seguridad de La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Los dos fueron capturados cuando intentaban abandonar el país por Peñas Blancas, frontera con Nicaragua.
Ayer, el abogado Leonel Villalobos, defensor de ambos, interpuso una denuncia penal contra el juez Joaquín Hernández, quien anteayer congeló el arresto domiciliario dictado en favor de los mexicanos. Le atribuyó al juez los delitos de desobediencia al superior jerárquico e incumplimiento de deberes, ambos cometidos en flagrancia, según dijo en declaraciones hechas a los medios de prensa.
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