El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) calificó como un “precedente nefasto” la liberación del alcalde de Aguirre, Lutgardo Bolaños Gómez, al tiempo que se mostró disconforme por las medidas que le otorgaron.
El funcionario figura como imputado en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual, peculado (sustraer o distraer bienes que le estaban confiados) y enriquecimiento ilícito.
Le achacan haber utilizado fondos públicos para producir videos pornográficos.
En vez de prisión preventiva, el Juzgado Penal decidió que Bolaños, junto con otros imputados, firme cada 15 días, tenga domicilio fijo, no se acerque a las víctimas y no salga del país.
El Patronato alegó que esas medidas no son proporcionales a la gravedad de los hechos y a la prueba recabada.
La entidad se ha apersonado en este proceso judicial y en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, solicitó la revisión de la medida cautelar.
“Nosotros queremos que les den prisión preventiva”, afirmó Marielos Herrera, presidenta ejecutiva del PANI.
El alcalde no contestó ayer sus teléfonos (entre estos el celular) ni su correo electrónico.
