El Tribunal Contencioso reafirmó la potestad del MEP y el Ministerio de Salud para controlar los productos que se venden en las sodas de escuelas y colegios públicos.
Ello al rechazar ayer la suspensión solicitada por empresas de la industria alimentaria.
Tal normativa se emitió mediante decreto ejecutivo, el 12 de enero, y su principal objetivo es limitar la venta de alimentos con altos contenidos de grasas, azúcares, sales y calorías.
El Tribunal reconoció explícitamente el deber que tiene la Administración Pública de tomar medidas en aras de paliar los problemas de salud asociados a la obesidad de niños.
Leonardo Garnier, ministro de Educación, afirmó que los derechos de los niños y adolescentes están por encima de toda consideración económica.
Para la industria el tema de fondo no es si ellos están o no dispuestos al cumplimiento de estándares nutricionales. El problema que mantiene a CACIA en alerta ante este decreto es que persiste una redacción que tipifica “listas negras” de productos y la carencia de un enfoque integral en la política.
