Vecinos de Tarrazú, disconformes con la respuesta del ICE y cansados de pagar alquiler luego de que la Comisión Nacional de Emergencias les ordenó desalojar sus casas, alistan una demanda contra la institución.
Así lo confirmó ayer Lisandro Valverde, abogado de siete familias afectadas, quien incluso prohibió al ICE ingresar a hacer mediciones en las fincas de sus clientes, al considerar que la propuesta hecha esta semana por esa institución es una burla.
Todo inició luego de que esa planta hidroeléctrica, ubicada en la zona de Los Santos y que entró a operar en setiembre, causó deslizamientos de terrenos.
Lo anterior según un estudio elaborado por geólogos de la Universidad de Costa Rica.
Esa planta, de 133 megavatios, es la más cara del país. Costó ¢152 mil millones y genera electricidad hasta para 160.000 familias.
Según Valverde, la Setena había pedido al ICE tomar precauciones en las áreas que posteriormente fueron afectadas.
Propuesta no satisfizo
Según Valverde, hubo un convenio previo al estudio de la UCR, donde el ICE se comprometió a indemnizar si esa investigación, pagada por el instituto, revelaba que había relación entre la planta y los deslizamientos, como finalmente sucedió.
El ICE hizo una propuesta buena para la casa, pero no les indemniza el lote y al hacer una contrapropuesta, el ICE les respondió que acudiría a la expropiación, sostuvo el abogado.
A raíz de eso, los vecinos de barrio Los Rojas, representados por Valverde, van a iniciar los procesos judiciales salvo que haya una respuesta del ICE y los reubique en una zona con todos los servicios. “El proceso está casi listo” acotó Valverde.
Hizo un llamado a vecinos de otros lugares donde el ICE busca establecer proyectos para evitar que los sorprendan con situaciones como esta.
Ramiro Rojas, vecino afectado, afirmó que las grietas atravesaron su hogar y las puertas no cierran. Afirmó que es muy difícil alquilar una casa cuando antes vivían seguros en su hogar.
Antes de llenar el embalse de la nueva planta hidroeléctrica, no había deslizamientos ni casas agrietadas. Posteriormente, comenzaron las quejas que, al parecer, terminarán en tribunales.
Colaboró Sugey Martínez, GN.
Su vida dio un gran giro
Ulises Rojas Valverde, de 52 años, está preocupado porque este mes el IMAS no les depositó el aporte para el alquiler de ¢80 mil que paga en San Lorenzo, a cinco kilómetros de donde vivió toda la vida.
Dice que pasaron a la fuerza del campo a la zona urbana y que no están acostumbrados a vivir entre rejas y con la inseguridad que la nueva zona implica.
Indicó que el lunes insistirán ante el ICE en una reunión para una salida digna o llevarán el caso a la vía judicial.
Ayer, vía comunicado de prensa, el ICE informó que continúa con los estudios técnicos, así como el proceso de negociación con cada vecino, según lo acordado por ambas partes.
