Siguen escándalos en el PUSC

Denuncian aspirante a diputado por Alajuela

Rojiazules a caliente cita para escoger a sus candidatos a curul.

Una denuncia por la presunta comisión de los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias fue presentada en contra de Eduardo Castro, presidente municipal de Alajuela, y quien hoy aspira a convertirse en candidato a diputado del PUSC, por esa provincia.

La denuncia fue presentada por Óscar Artavia, el pasado 12 de mayo, ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Espinoza asegura que Castro es, al mismo tiempo, presidente municipal y "propietario" de la empresa Fase Seguridad y Consultoría Sociedad Anónima, encargada de proveer los guardias que resguardan el Polideportivo de Alajuela, una propiedad municipal.

Castro, por su parte, aseguró que todo es una "persecución política" y rechazó ser propietario o accionista de Fase Seguridad. "La única relación que he tenido es la de abogado cliente ".

Según explicó Espinoza, en octubre del 2004, momento en que Fase Seguridad firmó el contrato con el Comité Cantonal de Deportes de Alajuela para cuidar el polideportivo, Castro le pidió que asumiera como presidente de Fase.

Empero, añadió Espinoza, al poco tiempo se dio cuenta de que la empresa "nunca estuvo en regla, los guardias no tenían permiso para portar armas, las armas no estaban debidamente inscritas, los guardas no tenían permiso para laborar como oficiales de seguridad privada, los guardas no estaban inscritos ante la Caja, no tenían póliza de riesgos del trabajo, o sea eso era un desastre".

Por lo mismo, el 6 de diciembre del 2004, Espinoza presentó su renuncia. Sin embargo, Castro rechazó todas esas afirmaciones "de un señor que está vinculado con otro candidato a diputado por el Cantón Central de Alajuela".

Ajoy y Céspedes en problemas

Dos militantes del PUSC exigieron al Tribunal de Ética que se investigue a los aspirantes a diputado, Wálter Céspedes (Limón) y Emmanuel Ajoy (Guanacaste). Miguel Villalobos solicitó indagar si Ajoy, siendo diputado, tuvo "influencia política" en la Asociación de Juegos Deportivos Nicoya 2002, que se encargó de administrar ¢1.200 millones. La Fiscalía investiga el uso de ese dinero, luego de que una auditoría del ICODER reveló que hubo "préstamos a empleados de la Asociación". Ajoy dijo ayer ser "víctima de una persecución política".

Mientras, Inés Quirós, pidió "inhabilitar" a Céspedes de aspirar a una diputación, luego de conocerse que, entre otros, tuvo un accidente con un auto del Estado y un parte por conducir el mismo carro, supuestamente, bajo los efectos del licor, siendo presidente ejecutivo del IDA.