Rodolfo Martín
Erick Carvajal
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En un mes, dos personas visitaron 40 hospitales y clínicas y definieron qué equipo requerían dichos centros como parte del crédito finlandés, objeto de investigación judicial, reveló ayer un testigo.

Los directores de los hospitales o clínicas, al ser consultados sobre el instrumental médico que ofrecía el préstamo, debían escoger con base en una lista elaborada previamente por la gerencia de Modernización de la CCSS.

Así lo sostuvo ayer ante el Tribunal de Juicio de Goicoechea Miguel Ángel Cordero Benavides, dueño de la empresa contratada para hacer el estudio de necesidades.

Ocho personas, entre ellas el expresidente Rafael Ángel Calderón, aparecen como imputadas por haber, presuntamente, recibido pagos ilegales por unos $8,6 millones, según investigó y denunció la Fiscalía.

A Calderón la Fiscalía le atribuye supuesta corrupción agravada y peculado.

“Aquí están estos equipos, vea cuáles quiere y en qué cantidades”, así indicaban a los directores, según el testigo.

Al ser interrogado si a esto se le podía calificar como un estudio de necesidades, respondió con un no, porque, entre otras cosas, requería de un auditor.

“No existió el estudio de necesidades requerido para una inversión de esta naturaleza. Faltó formalidad”, expresó el fiscal Juan Carlos Cubillo.

Hubo entrevistados que no encontraron equipos necesarios o que sí los había, pero que, para adquirirlos, debían remodelar sus instalaciones, comentó Cordero.

El testigo dijo que fue contratado por Alfredo Azofeifa, de la CCSS. Le cancelaron ¢1,5 millones. El compromiso fue saldado por Juan Carlos Sánchez, gerente de Modernización, también imputado.

Edgardo García, abogado defensor, aclaró que la compra, entrega e instalación de los equipos fue satisfactoria.