Franklin Arroyo González
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El alquiler de las oficinas que alojarían al departamento de Apoyo Legal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) está frenado.

Dichas oficinas serían ocupadas por funcionarios que empezarían a trabajar cuando entre a regir la nueva Ley de Tránsito, lo que se espera ocurra el 23 de setiembre próximo.

Karla González, titular de esa cartera, explicó que la incertidumbre que generan los diputados que deben tramitar las reformas a la ley la obliga a tomar esa medida.

Los diputados podrían retardar la aprobación y la ley empezaría a aplicarse seis meses después, según González.

El MOPT ya inició el proceso de contratación de 15 abogados, ellos formarían parte de esa dependencia que daría soporte legal a los ciudadanos que se consideren perjudicados por la forma en que un oficial les aplique la ley.

“No podemos dar el siguiente paso por la incertidumbre que existe. No podemos invertir dinero en oficinas que estarán ociosas o en la misma gente que se quedará sin hacer nada”, explicó.

Dijo que de las 400 plazas que se pidieron para oficiales de Tránsito, solo fueron aprobadas ochenta en una primera etapa.

El proceso de contratación ya inició y en estos momentos, los futuros oficiales reciben una capacitación.

También, como parte de la implementación de la Ley de Tránsito, González manifestó que han iniciado una serie de giras a diversas comunidades del país, para explicar los alcances de la ley.

Las Juntas de Abangares en Guanacaste fue la primera localidad visitada.

González no tenía el detalle de la inversión en todos esos procesos, pero asegura que es dinero que sale del presupuesto del MOPT y del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).