Domingo 25 de enero de 2009, San José, Costa Rica
Sucesos | Defensa acudirá a doble instancia
Magdalena Pacheco apelará extradición
Ligada a crimen de empresario Borrasé en 1997
  • AlDia.cr
    Magdalena Pacheco, fue testigo de la Fiscalía. Archivo.

Rodolfo Martín
rmartin@aldia.co.cr

Magdalena Pacheco Bolaños, detenida en Estados Unidos el 11 de abril del 2008, apelará la orden de extradición en su contra el martes, confirmó ayer su esposo Marcos Eduardo Carvajal Acosta, desde su casa en Wantaght, Long Island, Nueva York.

Pacheco, quien tenía 11 años de fuga, es requerida porque se le vincula con la muerte de Andrés Borrasé, cuyo cuerpo apareció el 19 de noviembre de 1997 en un cafetal de San Diego, en La Unión de Cartago.

“El honorable juez Mark Falk, de la Corte de Distrito de la ciudad de Nueva Jersey, concedió un plazo de un mes para entregar la apelación”, expresó Carvajal, un costarricense con nacionalidad estadounidense.

La defensa de Pacheco en Nueva York es liderada por el abogado Michael Orozco y dos colegas más que, además de la extradición la defienden en una causa por asuntos migratorios.

En nuestro país, Pacheco es representada por la licenciada Marcela Rodríguez.

Asimismo, tiene el apoyo del licenciado Fernando Sánchez, un exjefe del OIJ que la asesora en el área de la investigación criminal, trascendió.

“En caso de que el Tribunal de Apelaciones confirme la extradición aún nos queda la opción de acudir a la Suprema Corte de Los Estados Unidos”, agregó ayer Carvajal.

La última audiencia concedida por el juez Falk para conocer sobre este caso tuvo lugar el 23 de diciembre, cuando en horas de la tarde, las partes expusieron sus últimos argumentos.

Ahí hicieron uso de la palabra los tres abogados de Pacheco, como también dos fiscales estadounidenses, en representación de nuestro Ministerio Público.

También tuvo participación Sánchez, quien declaró por unos 20 minutos.

A la comparecencia llegó Carvajal con los tres hijos de la pareja, dos niñas y un varón.

Luego el juez concedió un último plazo que venció el 30 de diciembre a las 12 p.m. para que la fiscalía costarricense pudiera presentar más pruebas.

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