Edgar Fonseca
Director

La acción de sicarios baña de sangre e inseguridad nuestras calles y hogares.

El gravísimo hecho que le costó la vida al presidente del Puntarenas F.C, es otro eslabón dentro de una espiral de violencia que debería hacer recapacitar a nuestras autoridades sobre las prioridades del país. De la mano del marasmo económico, la inseguridad debe ser asumida como una emergencia nacional.

La reacción nos luce a veces lenta y hasta matizada de irresponsabilidad. Las principales fracciones en la Asamblea Legislativa tienen culpa mayor en el entrabamiento de leyes claves para combatir al crimen organizado.

Las han boicoteado hasta decir basta mientras el país se estremece, un día y otro, por la embestida delincuencial, la común y la que, como en este caso, se impregna de tufo mafioso. “Ajuste de cuentas”, advierte el director del OIJ como primera reacción al hecho. Y ya van 72 personas muertas en circunstancias similares en 7 años, reveló ayer este diario.

La estadística demuestra la magnitud de las acciones de grupos que no perdonan gentes ni momentos.

No solo se trata de combatir, con patrullas chinas y policías mal pagados, los pillos callejeros que sobran y hacen estragos sino que se requiere fortificar al país ante quienes con frialdad, en silencio, en las sombras fraguan ajusticiamientos.

Es una de las tantas formas del crimen organizado que azota a nuestra sociedad. La otra, la mafia que intenta apoderarse de instituciones, que penetra cuerpos policiales o que, a la orden de capos, saquea al estado.

Quedan atrás las muertes de Parmenio Medina e Ivannia Mora; una resuelta a medias y la otra sepultada en la impunidad. Y ahora salta el caso del empresario Adrián Castro.