Ronny Rojas
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A partir de hoy, un grupo de testigos comenzará a declarar sobre la ruta del dinero que se pagó por supuestas comisiones ilegales a funcionarios públicos, en el juicio por el caso Caja-Fischel.

Durante los próximos días, los jueces del Tribunal de Juicio de Goicoechea recibirán el testimonio de familiares y amigos de Juan Carlos Sánchez, exgerente de modernización de la Caja Costarricense de Seguro Social y uno de los imputados.

Entre ellos, figuran su esposa y su secretaria personal.

La mayoría de testigos cambiaron certificados bancarios, otros recibieron préstamos de Sánchez y, al menos uno, le habría facilitado varias cuentas para recibir dinero, supuestamente proveniente del pago de comisiones.

La semana anterior, finalizó la comparecencia de los auditores de la Caja, quienes afirmaron que parte del equipo médico adquirido, mediante el proyecto Finlandia, no era necesario ni se adaptaba a las necesidades de los pacientes en los hospitales y clínicas donde fueron enviados.

Los auditores revelaron que la Caja no elaboró un estudio de factibilidad cuando compró dicho equipo, entre el 2002 y el 2003.

“Quedó en evidencia una falta de planificación”, manifestó el procurador Ronald Víquez.

José Miguel Villalobos, defensor de Eliseo Vargas, expresidente de la Caja, opina distinto.

“El órgano estatal competente para determinar si hay errores en un proceso de contratación administrativa es la Contraloría, no la auditoría de la Caja”, afirmó.

“La Contraloría no advirtió irregularidades. De 3.037 equipos comprados, ninguno se recibió en malas condiciones. Si eso no es una buena compra, yo no sé qué más hacer”, agregó Villalobos.

Juan Marco Rivero, defensor del exmandatario Rafael Ángel Calderón, dijo que hasta el momento el juicio se ha caracterizado por la racionalidad en el manejo del debate. “Todas las partes se han comportado a la altura”.

Detalles

Entre los testigos que declararán en los próximos días, figura el gerente del BAC San José, Gerardo Corrales, quien se referirá a la relación del banco con la corporación Fischel.

En este caso acusaron a siete personas por, supuestamente, repartirse $8,3 millones de comisiones que habría pagado una firma finlandesa, a cambio de un contrato con la Caja.