Miércoles 6 de mayo de 2009, San José, Costa Rica
Nacionales | Por daño a la población y al ambiente
Estado exige ¢3.500 millones a Químicos Holanda
Se le acusa de ser responsable de incendio que mató a dos
  • AlDia.cr
    El estudio epidemiológico a la población afectada costó, según el informe, ¢2.018 millones. Archivo.

Franklin Arroyo González
farroyo@aldia.co.cr

El Estado costarricense reclama ¢3.514.501.904 a la empresa Químicos Holanda por presunto daño ambiental, en un juicio que comenzó ayer.

A la empresa se le acusa de ser responsable del incendio del 13 de diciembre del 2006 en Limón, que causó la muerte de dos personas, dejó a 20 mil sin agua durante dos meses, contaminó el aire y el agua y modificó ecosistemas en la zona. Según el Estado, esos daños llegan a ¢151.892.887

El costo social que el Estado pretende que se le reconozca se divide en daños a la salud pública, suministro de agua y atención a la población. Eso representa ¢3.253.567.817. La atención del incendio costó ¢109.041.200.

La denuncia fue interpuesta por el exministro de Ambiente, Minas, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Roberto Dobles.

Los abogados de la empresa manifestaron que no se referirían al asunto por ahora.

El presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, dependencia del Minaet, José Lino Chaves, dijo que ve con pocas expectativas llegar a una conciliación. “Ya la hubieran pedido. Presentaron incidencias de nulidad por incompetencia del Tribunal, por caducidad y por la fundamentación de la acusación”, dijo.

Expresó que Químicos Holanda pretende rebajar la valoración económica del daño ambiental y comentó que la defensa se dedicó a cuestionar, punto por punto, el informe del Instituto de Políticas para la Sostenibilidad (IPS) que estimó el daño económico.

Ayer se presentó a declarar la representante del Ministerio de Salud y hoy lo harán Héctor Chaves, de Bomberos, representantes de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (Digeca), la Comisión Nacional de Emergencia, Setena y algunos peritos.

Si el juicio no puede concluir, el Tribunal programará la audiencia en fecha por definir, dentro de quince días hábiles.

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