En Licencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes parece no existir cara en qué persignarse. Así lo confirma la detención, el lunes anterior por parte del OIJ, de la jefa de Acreditación de Conductores del Consejo de Seguridad Vial y dos asistentes.

A esa acción policial se suma la ocurrida en octubre anterior cuando otros siete funcionarios fueron detenidos y suspendidos, lo que obligó a la sustitución de casi la totalidad del personal, y a suspender el servicio a los usuarios, cuyas citas tuvieron que reprogramarse.

Lo anterior da cuenta de la entronización de la falta de ética y honradez en Licencias, con visos de delincuencia organizada, que no sólo cobraba dádivas para adulterar documentos, sino que, además, se agenciaba mediante robo la documentación oficial que, al parecer, se usaba para emitir licencias ilegales. La propia jefa de Licencias, de apellido Fernández, que estaba a cargo de la bodega, presuntamente con su falta de cuidado y probidad, facilitó un intento de robo, en setiembre del 2009, de una caja con 500 tarjetas plásticas en blanco para la fabricación del carné para manejar.

El tarifario era flexible según la nacionalidad del solicitante: extranjeros chinos hasta ¢1 millón y a nacionales entre ¢100 mil y ¢300 mil. Fresco en la memoria retumba aún la frase de un narcotraficante colombiano que tenía residencia, licencia y un sin fin de documentos que legalizaban su permanencia ilícita en el país y, al ser consultado, afirmó que con plata aquí se consigue todo.

Lo más sorprendente es que el ministro Francisco Jiménez gestionó el despido de esa jefa, en abril pasado, pero ella argumentó ante la Sala Constitucional que se irrespetó su derecho de defensa y debido proceso en un recurso de amparo y en tanto se falle, no puede ser retirada del MOPT.