Julio Peña, corresponsal GN y Rodolfo Martín
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Santa Cruz, Guanacaste - Una audiencia convocada para analizar la condición legal de 23 sospechosos detenidos por la Policía de Control de Drogas (PCD), durante un operativo desplegado aquí y en Nicoya, endureció la situación al invertirse las medidas tomadas inicialmente.

El juez superior Gerardo Alfaro, del Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Guanacaste, le cambió las reglas a la jueza penal, Enar Vargas, quien había dictado las medidas cautelares contra los integrantes de dos poderosas bandas sospechosas de trasegar drogas.

El operativo tuvo lugar el 23 de noviembre pasado en 12 allanamientos simultáneos en barriadas de Santa Cruz y Nicoya.

Dos días después, la jueza Vargas, atendiendo la solicitud de la Fiscalía, dictó un año de prisión preventiva contra los líderes de las bandas, dos hombres de apellidos Chaves y Salas, alias “Tito” y “Zorro”, respectivamente.

A ellos, se les unieron otras siete personas, entre hombres y mujeres, de la red de distribución de marihuana, cocaína y crack.

Vargas, además, dejó en libertad a los 14 restantes, pero con medidas cautelares.

Oposición

La Fiscalía objetó la decisión y consideró que, por lo complejo de la investigación, lo indicado era la prisión preventiva para todos o para la mayoría.

El 3 de diciembre, en una maratónica vista oral y privada de apelación, el juez Alfaro revocó las medidas cautelares para cinco de los que inicialmente fueron dejados en libertad. Además, acogió la solitud de prisión preventiva del Ministerio Público. En libertad sólo dejó a nueve.

Para la Fiscalía, falta mucha prueba por recabar, como resultado de varios meses de trabajo de investigación, y la preventiva es vital para proteger todo el proceso, trascendió ayer en fuentes cercanas al caso.