Edgar Fonseca
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Un país donde la inseguridad es la mayor preocupación nacional.

Donde sus habitantes reclaman del Estado una más contundente respuesta policial y de sus fuerzas de seguridad.

Una respuesta eficaz, activa, presente en las calles, en los barrios, en los parques, hoy antros de drogadictos y de pandillas.

Un país, en fin, donde sus fuerzas policiales tengan la suficiente capacidad de responder en investigación, inteligencia, prevención y represión a la acción de temidos grupos criminales locales y a las extensiones de carteles colombianos y mexicanos.

Ese país recibe en las últimas horas otra de esas decisiones de la Sala IV que dejan perpleja a la opinión pública: la Policía no puede hacer retenes preventivos.

A reclamo de un particular que se sintió ofendido porque agentes policiales lo sometieron a una revisión, cosa que en cualquier país del mundo es común, necesaria e indispensable, prevalece el favor al interés individual por encima del colectivo.

No nos sorprendamos entonces del desborde delincuencial que coloca hoy a Costa Rica con tasas de criminalidad de las más alarmantes en Latinoamérica.

Punto final-Causa hilaridad que unos sindicalistas se quejen porque les siguen sus andanzas.

Las instituciones públicas están en todo el derecho de investigar los abusos de estos sujetos que se creen amos de los bienes y la hacienda pública plagados de privilegios, gollerías y fueros.