Jerarcas de la Cancillería de la República se reunieron ayer con un grupo de parejas demandantes contra el Estado costarricense por la prohibición de la fecundación in vitro. Con la cita se busca un acuerdo para la “reparación integral”, en el caso que lleva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La reparación no solo se refiere al daño material que pudieron haber sufrido las parejas, sino a las consideraciones legales si la fecundación in vitro (FIV) se aprueba en el país.
El encuentro contó con la presencia de Carlos Vargas Pizarro, director jurídico de la Cancillería y Gerardo Trejos, abogado de las parejas, así como de algunos de los demandantes. Además, previo a la reunión, participaron el canciller René Castro, y el representante de Costa Rica en la Organización de Estados Americanos (OEA), Enrique Castillo.
Se trata de “un esfuerzo por escuchar a los peticionarios, sus pretensiones por asegurar que el país y la Asamblea Legislativa tome nota que nos quedan 40 días para una decisión fundamental para este país”, expresó Castro.
La FIV se prohibió por un fallo de la Sala IV del año 2000. Al año siguiente diez parejas colocaron su demanda ante la Comisión, que el año pasado rindió un informe en el que señaló que el Estado violó derechos humanos fundamentales al oponerse.
En la Asamblea Legislativa varias fracciones han manifestado su anuencia a la creación de un proyecto de ley para aprobarla.
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