El “banderazo” que dio la semana pasada la Sala Constitucional al Consejo de Seguridad Vial para tramitar el cobro casi 85 mil partes será escalonado.
Lo anterior porque aun no puede cobrar las multas hechas por mal estacionamiento, ausencia de revisión técnica, emisión excesiva de ruido, hablar por celular y no portar cinturón de seguridad, pues hay recursos de amparo que las creen “desproporcionadas”.
La Sala debe resolver seis recursos que mencionan ese problema. Por ejemplo, el parte por estacionarse mal es de ¢117 mil.
Otro rubro por el que todavía no se pueden aplicar las sanciones tiene que ver con el uso de cinturones de seguridad en vehículos de transporte de estudiantes. El sétimo recurso presentado ante la Sala, estima que eso “lesiona el derecho al trabajo”.
Las acciones de inconstitucionalidad están pendientes de la resolución completa.
Ayer el director del Cosevi, Héctor Monge, dijo que siguen a la espera de que la Sala Constitucional les comunique los fallos para proceder con la notificación a unos diez mil choferes cuya apelación fue rechazada.
En relación con el aviso de que aun no pueden cobrar los partes que la Sala tiene en estudio, Monge dijo que éstos constituyen menos del 20 por ciento del total.
También enfatizó que aunque las apelaciones en nuestro país son “un deporte”, los pronunciamientos de la Sala les permite avanzar con los recursos relacionados con otras irregularidades.
Afirmó que de las 30 mil multas que realizan cada mes, un 25 por ciento son apeladas.
Sin embargo, se apelan los partes más caros y prácticamente la mitad del dinero no llega a las instituciones beneficiarias.
Se sigue multando
El hecho de que la Sala no haya resuelto las acciones pendientes, retrasa el cobro por parte del Cosevi, pero las multas por cinturón, celular y por andar sin revisión técnica se siguen aplicando.
El director de la Policía de Tránsito, César Quirós, dijo ayer que los operativos siguen como de costumbre.
No se sabe cuánto tiempo tomarán los magistrados para resolver esas acciones, ya que le tomó ocho meses evacuar la acción de inconstitucional que impedía el cobro general de multas.
Lo anterior porque, según la oficina de prensa, este tipo de recurso conlleva una serie de estudios que incluyen el informe de las partes interesadas.
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