Mucha gente sabía que algo muy malo podía suceder en cualquier momento, pero nadie hizo nada convincente para evitarlo.
El puente colgante sobre el río Grande de Tárcoles, entre los cantones de Turrubares y Orotina, estaba en pésimas condiciones y amenazaba con caer en pedazos.
Esta situación fue advertida por regidores, alcaldes, dirigentes y vecinos desde el 2002 cuando acudieron, una y otra vez, a diversas entidades estatales en busca de una solución que nunca llegó.
En 2006, un estudio del ingeniero Mario Muñoz Fallas, de la firma IMN S.A. –a solicitud de la Municipalidad de Turrubares – concluyó que “se evidencia la falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo”.
“En el extremo este del puente (lado de Turrubares) no existe apoyo alguno y en su lugar se encuentran dos cadenas que abrazan cada una de las patas de la torre de apoyo de los cables de sujeción del puente”, reza parte del mencionado informe.
Ocurrió la tragedia esperada
Pero no hubo reparaciones y lo que temían desde hacía mucho tiempo sucedió la mañana del 22 de octubre de 2009, cuando un bus con más de 40 pasajeros cayó con todo y puente al río. Cinco personas murieron y más de 30 resultaron seriamente heridas.
Hoy, 26 personas, entre víctimas y familiares de los fallecidos, impulsan una querella multimillonaria contra exjerarcas y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Los querellados son la exministra Karla González, el exviceministro Pedro Castro; el director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Alejandro Molina; la directora de Puentes del MOPT, María Ramírez y el exdirector de Conservación Vial del Conavi, Benjamín Sandino.
También el chofer del bus, Víctor Salas, a quien reclaman no haber bajado a sus pasajeros, como hacía siempre.
La acusación es promovida por el abogado Rafael Rodríguez Salazar, quien reunió estudios de ingeniería y diversas gestiones hechas ante el MOPT, desde el 2002, por varios líderes comunales de Turrubares y Orotina.
Según dijo, tales trámites nunca fueron atendidos. “Hubo omisión por parte de los personeros públicos encargados de velar por el buen estado de este tipo de infraestructura”, afirmó Rodríguez para justificar el reclamo de más de ¢2.500 millones en favor de los querellantes.
Karla González renunció dos días después de la tragedia.
El 27 de agosto dijo a La Nación: “Es lamentable y triste. No es responsabilidad del jerarca. Yo confío en que el Ministerio Público haga las investigaciones necesarias para determinar todos los hechos”.
En su carta de dimisión, alegó que “falló el sistema que nos impidió actuar a tiempo”.
Pedro Castro, por su parte, calificó como “justo” que los afectados busquen una compensación. “Es una tragedia triste. Estamos al servicio de que se pueda hacer justicia y demostrar quién fue el responsable”. No fue posible localizar a los otros querellados
Los cables cedieron
El puente cedió al colapsar los cables tipo terón de los bastiones del lado de Turrubares, falla que, precisamente, había sido alertada, desde 2006, por IMN S.A.
En sus alegatos, el abogado Rodríguez recuerda que 22 días antes de la tragedia, la Municipalidad de Turrubares había solicitado, una vez más al MOPT, ayuda para reparar el puente. Advirtió que el chofer del bus usualmente bajaba a los pasajeros.
