Ante el primer fallo del Tribunal Contencioso Administrativo sobre la concesión de un nuevo puerto para contenedores en Moín, el Gobierno y el Sindicato de Trabajadores de Japdeva mostraron caras opuestas.
Los jueces declararon sin lugar la solicitud sindical que pretendía anular la concesión y el contrato con la firma holandesa APM Terminals.
La presidenta de la República, Laura Chinchilla, interpretó la resolución como una excelente noticia.
“Esto nos ayudará a seguir trabajando por el desarrollo de la provincia y mejorar el futuro de sus habitantes. Además de sacar a Costa Rica del vergonzoso sitial que ocupamos en materia portuaria a nivel mundial”, dijo.
Para ella, la inversión de $1.000 millones significa un impulso como país con puertos de primera clase mundial y garantiza 8 mil empleos directos e indirectos en la zona caribeña, tanto en la construcción como en la operación de esta terminal de contenedores.
Apelarán el fallo
El secretario de prensa de Sintrajap, Liroy Pérez, dijo ayer que el fallo del Tribunal los descalifica en la demanda al decir que no estaban participando en el proceso de concesión.
“No sentimos que haya mucha objetividad en ese planteamiento”, expresó.
Agregó que acudirán a los Tribunales de Casación para apelar. Tienen en trámite otras dos demandas, una en ese mismo Tribunal y otra en la Sala IV.
“Nosotros no estamos en contra de APM, pero si les dan el negocio total y dejan a Japdeva indefensa esa sería la ruina de Japdeva y el despido de más de mil trabajadores. Sería la desgracia del pueblo limonense”, aseveró.
“Que no lancen campanas al viento”, sostuvo, al criticar las declaraciones de Allan Hidalgo, presidente ejecutivo de Japdeva al decir que que con esta resolución se garantiza la inversión privada para que Costa Rica pueda atender barcos de gran tamaño.
“Esto es una pelea a doce asaltos, queda mucha tela por cortar”, dijo el sindicalista.
