El sistema de vigilancia y control automático de velocidad, mediante el uso de cámaras, se tambalea casi dos meses después de haberse instalado en las principales carreteras del país.
El hecho sorprende por el grado de improvisación de las autoridades de Transporte y Seguridad Vial, de los diputados al legislar y hasta de la propia Sala Constitucional.
Hubo un accionar errático con la instauración de este sistema: ¿ cómo se colocaron cámaras de control de velocidad en carreteras y autopistas, si la Ley de Tránsito únicamente permite ese control de velocidad en zonas urbanas?
¿Cómo no se modificó en su momento la Ley de Tránsito si la mayor cantidad de accidentes por velocidad se da en autopistas, argumento dado por el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para justificar la colocación de las cámaras en esos puntos?
La ubicación de las cámaras y posterior emisión de partes impersonales deriva, según expertos, en una ilegalidad, pues la administración ejecuta acciones sin respaldo legal.
Acharita los estudios, el tiempo y contrataciones derivadas de la ejecución de este sistema y cuya vigencia está en duda, luego del enorme gasto estatal de la medida y ni qué decir del desgaste de la imagen de gobierno.
Si los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa son sometidos al tamiz de la Sala Constitucional: ¿ cómo los asuntos declarados con posterioridad inconstitucionales no son advertidos en ese análisis? En el caso de la Ley de Tránsito, la desproporcionalidad de los castigos y de las multas, como lo ejemplifican fallos recientes, uno de ellos el del uso del cinturón de seguridad, cuyas multas fueron declaradas inconstitucionales.
En el caso de los diputados de turno que aprobaron la cuestionada Ley de Tránsito vigente, en qué país vivían cuando le dieron su voto a multas confiscatorias de los ingresos de la mayoría de costarricenses con montos total y completamente desproporcionados, que ni en Estados Unidos, ni en Europa, con ingresos del primer mundo, osan fijarlos a los conductores.
Si contaron con tiempo de sobra para estudiar y proponer un texto claro y preciso, cómo los diputados no consideraron que el control de velocidad mediante cámaras debía ubicarse en autopistas, pero no lo dejaron plasmado así en la Ley.
Las cámaras de control de velocidad se apagaron desde el mediodía del viernes anterior –y durante los próximos seis meses –, por la inseguridad jurídica existente ante el análisis de una acción de inconstitucionalidad en la Sala IV, que suspendió el cobro de las multas que estén apeladas.
El sistema completo y las multas ahora es incierto, luego de que se anunciara hasta su inclusión en el cobro del marchamo 2012, lo que dejaría a más de una familia sin aguinaldo, si se parte de la realidad de sus ingresos mensuales.
Pese a todo, las cámaras y sus onerosas multas tuvieron un efecto positivo y es probable que hayan salvado algunas vidas, pues se pasó de 3.500 partes por día a 140 diarios, tan solo dos semanas después de su entrada en vigencia, el 8 de setiembre anterior.
De las más de 18 mil infracciones por exceso de velocidad hechas, se apelaron un total de 9.200.
