La Fiscalía abrió una oficina receptora de decomisos de droga para que un fiscal, dedicado en exclusiva a esta tarea, determine si la persona portaba psicotrópicos con fines gravosos, como la venta o el tráfico.
Con esto el Ministerio Público dejará de abrir causas penales a personas que porten para consumo personal. Según datos proporcionados por la Fiscalía, el año pasado se desestimaron 124.722 casos de tenencia de drogas.
Es decir, en promedio archivaron alrededor de 341 expedientes al día. Cada asunto terminado en 2009 costó unos ¢307.870 y significó para el ente acusador cerca de tres meses de trabajo.
Al fiscal nombrado para tamizar los casos del Área Metropolitana le espera un arduo trabajo, pues debe revisar cada informe policial –ya sea escrito o por medio de teléfono– para decidir si existe delito o no.
Los casos que califiquen como “para consumo personal”, las autoridades se limitarán a decomisar la droga y anotar el nombre
La Fuerza Pública seguirá decomisando las sustancias ilícitas, pero si el fiscal decide no detener al sujeto porque no hay suficientes indicios de tráfico, simplemente se anotará en una lista para luego buscar reincidentes.
“Consideramos que un fiscal es suficiente. Es simplemente leer el parte, que por lo general no es muy complejo, y luego hacer la valoración”, indicó el fiscal general, Jorge Chavarría.
Los casos ocurridos en áreas rurales los decidirán las fiscalías regionales.
La intención del Ministerio Público es reducir la mora judicial para que los fiscales puedan dedicarse a la persecución de conductas penalizadas.
Asimismo, pretende reducir el desgaste de recursos.
Iniciativa genera polémica
Para el exjuez Bernan Luis Salazar, no existe capacidad para determinar, en primera instancia, si una persona porta drogas solo para consumo personal.
“No debería existir una regla que diga cuánta cantidad es delito; lo que lo determina es la investigación”, opinó.
Por su parte, al jurista Rodrigo Rosales le preocupa que si no existe seguimiento de quién es consumidor, pequeños traficantes podrían burlar al sistema.
El abogado penalista Juan Marcos Rivero, también considera que hay un problema de pruebas y que solo en cada caso particular se podrá determinar si hay delito, de acuerdo con las cantidades y la información que exista.
No obstante, apoya la decisión tomada por el Ministerio Público, ya que considera que la atención debe centrarse en los grandes proveedores.
En cambio, para la exministra de Seguridad, Giannina Del Vecchio, hay que atacar a pequeños vendedores. Afirma que desde siempre han vendido en poca cantidad, por lo que se requieren labores de inteligencia policial.
“El expendedor no pasa inadvertido, pues muchos consumidores se le acercan”, comentó.
A José Miguel Villalobos, exministro de Justicia, le parece una “barbaridad” que antes se abrieran causas por tenencia de drogas. “¿Cómo pueden asumir si dos kilos en la casa no son para consumo de todo un año?”.
El exministro de Seguridad Fernando Berrocal considera que se debería flexibilizar la tenencia de marihuana, pero no la de drogas duras.
“Abre un hueco peligrosísimo para los minitraficantes. Es una insensatez tomar una decisión así. Por ahorrarse un poco de recursos, se puede destruir a nuestra juventud ”, señaló.
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