A casi dos años de gestión, el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla pasa por tiempos turbulentos que tienen a la población a la expectativa y con no poco dejo de preocupación.
Fulminado su proyecto estrella del plan fiscal en la vía constitucional, la administración, sin dejar de tener en la mira el urgente saneamiento de las finanzas públicas, debería abocarse a otras prioridades.
La estabilidad de su gabinete, tras la abrupta salida del Ministro de Hacienda, es una de ellas.
Los continuos movimientos de jerarcas de ministerios han dado un particular tono de vaivén a lo largo de esta primera mitad de la tarea de la administración.
También debería ver con prioridad normalizar las relaciones con el Poder Legislativo. Las peripecias del fallido plan fiscal las tensaron y desgastaron. Y ningún gobierno se la debe jugar, salvo por la vía del decreto, ayuno de un fluido nexo con el órgano legislativo y con actores políticos claves.
Desde el ámbito político las prioridades anotadas, reflejan vacíos de gestión en los que, queda la impresión, el gobierno ha andado sin derrotero ni coherencia a lo largo de estos dos años.
Son razones por las que la Presidenta y sus más cercanos colaboradores necesitan de un alto en el camino, otear el horizonte y apostarle a las decisiones y al reacomodo que, en las presentes circunstancias, podrían contribuir a enderezar el rumbo de la gestión.
Latente la necesidad de un saneamiento fiscal estructural ante la amenaza de un desborde del déficit en el sector público, la administración debe aprovechar para sumar las mayores voluntades desde diferentes trincheras con miras a ese objetivo.
La Presidenta ha guardado reserva sobre futuras acciones y ha dicho que está a la espera de conocer por completo el fallo de la Salas IV. Un buen paso, sin embargo, fue la convocatoria de experimentados economistas para conocer su parecer sobre el momento y las urgencias.
Pero hay otras prioridades, con las que se comprometió esta administración y que, para el sentir público, son de creciente vulnerabilidad y necesidad de atención.
La seguridad ciudadana es una de ellas.
Cada día que pasa el ciudadano común resiente la secuela quintuplicada de la delincuencia.
Si tan solo en este ámbito esta administración, al cabo de su gestión, contribuyerá a mitigar los alarmantes índices de inseguridad en nuestros pueblos y barriadas, gran logro sería.
No menos importante, la atención que le ratifique a la mejora de la infraestructura.
Entonces, de la mano de decisiones políticas que denoten coherencia para aprestarse a la segunda mitad del periodo, el ciudadano también reconocería aquella tarea práctica de gobierno que se manifieste en una mejor calidad de vida.
