Un riguroso control del presupuesto y fuertes medidas para optimizar el gasto permitieron ayer a autoridades de la Caja anunciar que frenaron el déficit financiero proyectado por expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el año pasado.
Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la institución, dijo que ordenar la casa y tomar decisiones en gastos e ingresos empieza a dar resultados favorables.
Anunció 33 nuevas medidas que la semana anterior aprobó la junta directiva para cerrar el año sin contratiempos y con los ¢35 mil millones necesarios para cubrir salarios y gastos de proveedores al inicio del próximo año.
Fuerte restricción en plazas
Entre las medidas está la no autorización de nuevas plazas este año con excepción de aquel personal que está en proceso de formación. La única forma de crearlas es mediante reconversión de tiempo extraordinario.
Además, se eliminan las plazas vacantes en las que no conste nombramientos por períodos mayores a seis meses y no se llenarán las plazas de quienes renuncien en oficinas centrales. Las vacantes de quienes se acojan a prestaciones se congelarán, salvo autorización del gerente médico.
Situación tiende al equilibrio
Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, indicó que quedaron en el pasado los preludios de la OPS que planteaba un déficit de ¢140 mil millones para este año, sin embargo Picado aseguró que no lo habrá. Añadió que en el 2014 la situación será de equilibrio.
También influyó la austeridad en la creación de plazas que pasó de 2.800 en años recientes a 400 plazas en este 2012.
Parte de estas plazas que se redujeron son, por ejemplo, del Centro de Resonancia Magnética, donde se sustituye, con un segundo turno para personal de la Caja, los contratos a terceros.
La política salarial tuvo grandes restricciones y ahora solo se aplican aumentos por inflación.
La contención del gasto del año pasado, permitió reducirlo en ¢23 mil millones.
Se retiraron 1.300 personas
Según Picado, la modificación del tope de cesantía motivó la salida de unos 1.300 funcionarios, de los que solo 150 son médicos.
María Eugenia Villalta, gerente médica de la CCSS, dijo que recién terminaron un estudio en el hospital de Pérez Zeledón, que no se ajustó de lleno a las políticas de racionalización, aunque se analiza si realmente requiere de los recursos adicionales.
Se afectan muchos servicios
Luis Chavarría, secretario general de Undeca, dijo que algunas medidas como la no sustitución de plazas afecta a los usuarios pues hay farmacéuticos o anestesiólogos que se van de la institución y no son reemplazados.
Explicó que en el país no existen especialistas en neonatología, ortopedia y cirugía, por lo que si se van es muy difícil sustituirlos.
Sobre la medida de que no se apliquen los ajustes salariales cada semestre a la presidenta ejecutiva, gerentes, subgerentes, auditor y subauditor, explicó que debieron congelarse hace tiempo.
Reiteró que han denunciado mucho el despilfarro en renta de edificios, así como los alquileres de ambulancias privadas que trasladan pacientes y en la compra de servicios privados en los hospitales aunque haya personal propio que lo puede hacer.
“No sustituir plazas en oficinas centrales no crea problemas, porque ahí más bien se infló la cuestión, pero cuando tiene que ver con un laboratorio clínico, crea problemas”.
Gastos similares denunció la Unión Médica Nacional el domingo en un campo pagado, sobre el caso del hospital de Grecia. Afirman que al quitar servicios aumentó al doble el traslado de pacientes con un costo de ¢22.500 millones en menos de dos meses.
