Un grupo de 11 microempresas de la zona norte que trabajaron en la construcción de la trocha fronteriza, darán un plazo de dos semanas para que el Gobierno les cancele lo que les adeuda.
Lucía Alfaro, de la compañía Tramusa S.A, y vocera de los pequeños empresarios, dijo que el ministro de Transportes a.i., Luis Llach, se comprometió a cancelar las deudas en los próximos 15 días. Esperarán ese tiempo, pero si no pagan tomarán medidas.
“Nos deben el 50 por ciento de los trabajos que hemos realizado en seis meses. Son seis meses de mantener empleados, pagar combustible y planillas pero a punta de más deudas”, manifestó.
Los empresarios afirmaron, además, que sus nombres han sido manchados, pues la situación de supuestos actos de corrupción que vinculan a dos funcionarios del Conavi la han generalizado.
El hecho le costó el puesto al exministro Francisco Jiménez.
“A pesar de que hemos trabajado con honradez y dedicación en el proyecto, ahora vienen a generalizar sobre las anomalías ocurridas y suspenden injustamente a todos los empresarios honestos de la zona”, agregó Alfaro.
Laura Chinchilla, presidenta, afirmó ayer que una investigación del Instituto de Control de Drogas (ICD) permitió identificar cambios drásticos en el estilo de vida de uno de los funcionarios del Conavi por el presunto pago de dádivas a cambio de favorecer a empresas que laboraron en la construcción de la trocha.
Ayer La Nación reveló que el repentino enriquecimiento de un inspector de obras del Conavi despertó las sospechas de que sucedía algo irregular.
