“Nicaragua no tiene ninguna autorización de tener personal civil, policial ni militar ni de ninguna clase”, advirtió ayer el canciller Enrique Castillo al referirse a la presencia de jóvenes de esa nación en Isla Calero, Limón.
A las 10:45 a.m. se entregó una nota al embajador nicaragüense aquí, Harold Rivas, con la “enérgica protesta” por el nuevo envío de un contingente de muchachos de un “supuesto programa académico o diplomado en estudios sobre el río San Juan”, auspiciado por el gobierno de Nicaragua.
Constantes e ilegales
La Cancillería tiene registros de que más de 52 grupos han invadido el territorio desde el 8 de marzo del 2011, cuando la Corte Internacional de Justicia prohibió la presencia de ciudadanos y funcionarios nicaragüenses en esa zona, asediada desde el 2010.
La nota de protesta exige al gobierno de Nicaragua que mantenga despejado el territorio, en acatamiento a lo dictado por la Corte de La Haya.
“Ellos van en contra del derecho internacional, de la autoridad de la Corte y lo hacen sistemáticamente. Llevan estos grupos, los dejan ahí por períodos de 10 ó 5 días y después lo sacan para que entre otro grupo que los sustituye”, dijo Castillo.
Uno de los aspectos que más preocupa a nuestras autoridades es que los contingentes no solo están asentados, sino que realizan acciones sobre el humedal, lo que pone en peligro su recuperación.
El 18 de noviembre del 2010, Costa Rica llevó el caso a la Corte Internacional por violación a la soberanía e integridad territorial, así como por el daño ambiental causado cuando militares y civiles abrieron un canal para desviar las aguas del río San Juan. El caso está en estudio.
