Editorial

Redacción

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Mientras el país asiste a una embestida sin cuartel de las mafias narcos y del crimen organizado, cada vez se hacen más frecuentes, resoluciones judiciales que, para adobarlas de algún término, sorprenden, cuando no dejan estupefactos a los ciudadanos, matizando de liviandad el enfrentamiento institucional a estas redes.

Frente a ello las comunidades están dando estos días, con toda razón, un hermoso ejemplo de absoluta defensa de los mejores valores sociales.

No se les debe beneficiar, de la noche a la mañana, a los acusados de un peligroso cartel narco mexicano con el privilegio del arresto domiciliario, de la casa por cárcel, como acaba de ocurrir al permitirlo una jueza penal josefina.

Con individuos como estos, que ya estaban en pie de fuga en Peñas Blancas cuando fueron detectados por un guardia civil, es como decirles: quedan libres, váyanse.

Este tipo de resoluciones, la gente, con justa razón, las resiente como una burla y por eso se han lanzado los vecinos a las calles en Moravia, Guadalupe y otras localidades a decir: basta ya de tanta permisividad ante la amenaza delincuencial.

Las acciones de estas comunidades lanzan un mensaje al Poder Judicial para que quienes tienen en sus manos la potestad de dirimir y resolver sobre casos tan graves y polémicos, pongan muy en la balanza el sentido lógico de sus resoluciones y el impacto en las mayorías.

Cabe entender, así como una inmensa mayoría acaba de censurar, también la resolución del máximo tribunal, que ante un caso de corrupción con recursos públicos que involucró a un expresidente y a un grupo de allegados, deja el sinsabor final de la falta de mayor rigor ante ciertos hechos y protagonistas.

Quienes tengan poder de decisión en los tribunales deberían de hacer una lectura cuidadosa de que algo está pasando: que la gente está perdiendo credibilidad vertiginosamente en uno de los últimos reductos institucionales en los que el país puede confiar.

No se trata de romper el orden legal, ni de vulnerar principios sagrados como el de la presunción de inocencia, pero hay casos de casos y circunstancias de circunstancias y cuando la embestida de la mafia del narcotráfico colombiano y mexicano nos hace temer lo peor en el país; cuando los decomisos de gigantescos cargamentos son obra de todos los días; cuando estas bandas matan, secuestran, intimidan, compran bienes y, a la vista, han estado influyendo hasta las voluntades de autoridades corruptas, el margen de reacción se achica para un país tan vulnerable como el nuestro.

Es ahí donde la aplicación de la justicia debe ser ante todo lógica, dado el agravamiento de las acciones de las mafias delincuenciales.

Los barrios, las gentes de bien, no soportan convivir con un delincuente más, mucho menos, si se trata de acusados de graves cargos de narcotráfico, que hubiesen quedado libres y a sus anchas, a gozar con sus cómplices, sus celulares satelitales, su Internet y sus cofres.

La gente lleva razón en indignarse ante tanta alcahuetería.