Editorial

Redacción Al Día

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Límites de velocidad que no responden al estado real de las carreteras, ni a la cantidad de vehículos circulando en ellas, ausencia de señalización o la existente es contradictoria, así como multas confiscatorias del ingreso mensual de los costarricenses, son parte de los cuestionamientos surgidos con la publicación del primer listado de multados con las cámaras del Cosevi.

A los límites de velocidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) responde que son fijados por Ingeniería de Tránsito en razón de la cantidad de accidentes y muertes en los puntos de ubicación de las cámaras de control de velocidad; su contraparte, los conductores tienen serias dudas de ello por cuanto circular a esa velocidad es poco lógico con carros en buen estado, de modelos recientes y con decenas haciendo presión para avanzar en calles que no dan abasto.

El monto de las multas supera en mucho el ingreso mínimo de los ticos y si fue captado varias veces es difícil imaginar cómo podrán responder a esas infracciones.

La cifra es tan elevada que el mismo MOPT impulsa convenios con bancos estatales que ofrezcan planes de financiamiento para atender ese parte que supera los ¢308 mil colones.

El listado, con más de 15 mil infractores de los límites de velocidad, además pone sobre el tapete vicios en la compra y venta de vehículos como es que quienes están al frente del volante no son los dueños registrales.

Lo que los coloca ahora en una situación complicada, pues son a los que les toca responder.

Un dolor de cabeza para los concesionarios de taxi y buses cuya prestación de servicio depende de distintos choferes y que ante la imposibilidad de atender las elevadas infracciones abandonan el trabajo y le dejan el problemón a los dueños.

El sistema de control de velocidad evidenció también la existencia de gemeleo de placas en autos con características distintas, así como la ubicación de vehículos que fueron robados.

Las cámaras establecen la infracción luego de que el vehículo supere por 20 km/h lo establecido como velocidad máxima y hay que considerar una desviación de más/menos 3 km/h que tienen las cámaras.

El volumen de multados creó un nicho a empresas dedicadas a la apelación de los partes, las cuales dan cuenta de que sus centros de llamadas no cesan de recibir consultas para evitar el pago de las elevadas infracciones.

Hay molestia e insatisfacción entre quienes llegaron a apelar, por ejemplo la mañana del viernes se recibieron 250 impugnaciones que para los usuarios implican horas interminables de fila y falta de orientación en el Cosevi, por dicha para quienes residen en provincia podrán realizar sus trámites en cualquiera de las 13 delegaciones del país.

Mientras se rebajan las multas como está previsto en un proyecto de reforma a la Ley de Tránsito, se ajustan o mantienen los límites fijados y los conductores aprenden a controlar la velocidad por la que circulan en las calles, todos están avisados de que el control con cámaras se queda y más bien pretenden ampliarlo a otros sitios e incumplimientos.