Ocho personas, entre ellas dos funcionarias de una cooperativa que presta servicios en salud, fueron detenidos ayer por una millonaria estafa con incapacidades en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El monto de la defraudación, según estimaciones preliminares, superaría los ¢300 millones.
Ayer Francisco Segura, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recordó que en una primera muestra detectaron incapacidades irregulares por ¢170 millones.
Las anomalías ocurrieron entre junio del 2010 y abril pasado.
El Ministerio Público y la Policía Judicial señalan como presuntas líderes del grupo detenido a dos funcionarias de CoopeSiba R.L., la cual presta servicios de salud en dos Ebais de la Caja.
“Las sospechosas habrían reclutado empleados de una zona industrial ubicada en Alajuela para incluir sus datos en un sistema como si estuvieran incapacitados, cuando en realidad seguían laborando. Luego, compartieran con ellos el dinero que recibían en sus cuentas”, reza parte de un comunicado sobre el caso de la Oficina de Prensa del OIJ.
Las incapacidades eran tramitadas de manera electrónica, lo que les permitía actuar una y otra vez sin ser detectados.
“La banda estaba organizada con clara distribución de funciones, pues cada uno de los miembros era clave en el proceso de la acción delictiva”, según las autoridades judiciales.
De acuerdo con las pesquisas hechas por la Fiscalía y el OIJ, actuaban desde quienes realizaban los contactos para obtener cuentas bancarias hasta personas que facilitaban sus cuentas para recibir el pago de las incapacidades. También quienes insertaban datos falsos en el sistema informático de la entidad sanitaria.
Los detenidos son Rodríguez y Montero (mujeres), así como Azofeifa, Zúñiga, Montero, Altamirano, Benavides y Alvarado.
Fraude al descubierto
El cobro de las falsas incapacidades quedó al descubierto en enero gracias a “controles internos”, revelaron ayer Rosa Climent y Rodrigo Bartels, gerente médica y coordinador de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la Caja.
Una de las situaciones que despertó las primeras sospechas fue la cantidad de días de incapacidad concedidos por una afección diagnóstica, la cual, usualmente, no requiere más de siete días.
Pese a ello, encontraron a personas incapacitadas hasta cerca de un mes por ese tipo de dolencia. Las infecciones de piel fue el diagnóstico más utilizado para tramitar las ilegales incapacidades, añadieron Climent y Bartels.
Al menos 57 personas, la mayoría de las cuales siguen en libertad, prestaron sus nombres.
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