La concesión que el Estado le otorgó a una empresa que se dedicaba a la extracción de materiales cerca del manto acuífero del río Virilla fue frenada gracias a un fallo de la Sala I.
En la sentencia 90-2011 se resolvió que la Dirección de Geología y Minas tiene la potestad de imponer medidas cautelares que suspendan o cancelen una concesión de este tipo si se presenta un daño ambiental.
La empresa pidió que se cancelara la suspensión de su concesión, pero se falló en su contra.
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