La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó el Conavi, la Comisión Nacional de Emergencias y las casas de tres personas sospechosas de recibir dádivas por la construcción de la trocha fronteriza 1856, paralela al San Juan.
Según la Fiscalía, se incautaron de documentos físicos y digitales para fundamentar la investigación penal relacionada con actos de corrupción en la apertura de esa vía, de 160 kilómetros.
La idea es obtener información sobre aparentes irregularidades en el manejo de ¢20.000 millones destinados a esa obra.
Se allanaron simultáneamente las casas de dos funcionarios del Conavi, de apellidos Ramírez y Serrano, en San Rafael de Heredia y San Francisco de Dos Ríos.
A las 11:26 a.m., 18 oficiales del OIJ, un juez y un fiscal ingresaron a la casa de Ramírez en el residencial Ave del Paraíso, Heredia.
También se allanó la casa de Carlos Acosta, exdirector del Conavi, en Nances, Esparza. El ingreso fue a las 11:40 a.m.
A éste último, la presidenta de la República, Laura Chinchilla lo suspendió ayer de su cargo como director de la Unidad Ejecutora de proyectos del BID.
Sentar las responsabilidades
Según un comunicado de la Presidencia, el Gobierno confía en la institucionalidad del país y el sistema judicial, esperando que la investigación concluya con el establecimiento de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que procedan ante tan serias denuncias de corrupción.
Sobre lo actuado en la CNE, la presidenta ejecutiva, Vanessa Rosales, confirmó que los funcionarios judiciales llegaron a las 11:30 a.m. con una orden de allanamiento para buscar las actas de junta directiva, copias del contrato y el adendum que se firmó para pasarle ¢20.000 millones de la CNE al Conavi. Agregó que en la entidad no son responsables de la contratación de las empresas que construyen la trocha.
De momento la obra sigue adelante, pero con maquinaria del MOPT. Está pendiente el pago del Conavi a 35 empresas.
