Tras 16 años de promulgación de la ley de inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad, el 63 por ciento de ellas no tiene empleo.
Según la Defensoría de los Habitantes, eso les obliga a acudir a los beneficios que otorga el Estado como las pensiones del Régimen No Contributivo, para tratar de cubrir sus necesidades.
La Defensoría insiste en que al menos el cinco por ciento de las plazas vacantes de cada uno de los Poderes del Estado debe ser cubierto por personas con discapacidad, siempre que exista la oferta y que superen las pruebas.
Gracias a esa ley, en infraestructura, información, comunicación y transporte hay avances.
En Pérez Zeledón unas 80 personas marcharon ayer para exigir que se cumpla la ley 7600.
“Queremos una vida digna al igual que cualquier persona. Hay zonas donde falta accesibilidad para nosotros y queremos que la gente y los comercios respeten eso”, explicó Minor Ramírez, presidente del Movimiento Vida Independiente de Personas con Discapacidad.
Colaboró Alejandro Méndez.
