A nuestro país entran todos los días grandes cantidades de contrabando que se venden en tiendas, quioscos, calles y casas de particulares.
Cientos de personas viven de esa actividad y más de la mitad de los habitantes del Área Metropolitana (53 %) admite haber comprado, en el último año, bienes que no pagaron impuestos.
A esas conclusiones llegó la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, que contrató a la encuestadora Unimer un estudio. Ayer dieron a conocer los resultados.
Mil personas de San José y zonas rurales fueron encuestadas y aunque conocen el ilícito, la mayoría admite haber comprado esos bienes.
Nuestras fronteras aéreas, marítimas y terrestres tienen grandes debilidades que facilitan la entrada de esos bienes.
Solo en licores cada año entran por la frontera con Panamá alrededor de 100 mil cajas de licor. Unos ¢15 mil millones anuales deja de percibir el fisco únicamente en ese rubro.
José Antonio Muñoz, de American Chamber, dijo que hay una gran organización que introduce los productos o los elabora en el país con redes de distribución y mercadeo.
La actividad está relacionada con bandas que lavan dinero y abastecen grupos y personas particulares para la venta.
El 63 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que detrás de las ventas ambulantes hay lavado de dinero y narcotráfico, afirmó ayer Cathalina García, de Unimer.
Comercio desleal y golpe al fisco
La gran mayoría (92%) admite que ese ilícito afecta al gobierno porque no recibe los impuestos, a las familias porque introduce productos de mala calidad y pueden afectar la salud, y a los comercios que están en regla, porque es competencia desleal.
El ahorro de dinero es lo que mueve a la gente a comprar bienes de contrabando.
Para muchos ese ilícito es una fuente de empleo, dice el estudio.
Recientemente el viceministro de Hacienda, Rowland Espinosa, reconoció la urgencia de poner escáneres en todas las fronteras, como una medida para combatir ese flagelo.
Los dos primeros estarán listos en julio en el muelle limonense de Moín.
