Editorial

Redacción Al Día

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Destrozos en por lo menos 1.590 kilómetros de vías nacionales, daños en 21 por ciento de rutas y costos estimados, hasta la presente semana, en ¢2.300 millones, es el saldo de los efectos del temporal que ha golpeado en las últimas tres semanas al país y del cual el territorio nacional aún sufre sus embates.

Sumado a ello centenares de personas han sido evacuadas por las inundaciones y desbordamientos, particularmente en el Sur, el Pacífico y Guanacaste.

Las escenas y la realidad que queda al descubierto con los graves hundimientos en tramos de las principales carreteras nacionales, Cambronero en San Ramón, y Casamata en la ruta Interamericana sur, dejan dependiendo a usuarios, empresas de servicio, comercio y agricultores de pasos imprevistos y conllevan a ratificar una creciente inquietud pública sobre la efectividad de la respuesta estatal ante el galopante deterioro de la infraestructura.

Con la apertura de la vía a Caldera, rutas como la Bernardo Soto o el tramo de Cambronero hacia el Pacífico y la Interamericana sur, entre San Isidro y Palmar Norte, evidencian un particular abandono. Lo confirman cada vez más las quejas de vecinos, de usuarios y de gentes del sector productivo que requieren movilizarse por esas vías.

Las quejas son constantes por el pésimo estado en que se encuentra, a partir del aeropuerto Santamaría, la Bernardo Soto y por los peligrosos tramos, sin reparación, tras otros temporales y deslizamientos que las personas tienen que cruzar entre San Isidro, Buenos Aires y Palmar Norte.

“Pasamos con el bus casi resbalando hacia el Térraba”, nos comentaba un viajero.

¿Qué esperan las autoridades del MOPT?

Los embates de los recientes fenómenos climatológicos, que dichosamente no han tenido la seriedad de los que afrontan otras hermanas naciones centroamericanas, han profundizado los daños en esas rutas.

Pareciera, por la frecuencia de las emergencias y por el creciente deterioro, que se necesita de un estado de urgencia, de una declaratoria de estado de calamidad pública, para que el Gobierno reasigne y reoriente fondos a la reparación y recuperación de infraestructura.

Se vuelve este tema, una prioridad para una administración que no pareciera entenderlo así, atascada en su pobre imagen de gestión y en los mecates legislativos de su reforma fiscal y del trámite del presupuesto general y a merced de la mezquindad politiquera de las principales fracciones del congreso.

Mientras la infraestructura vial urbana y regional se vuelve una calamidad.

No es sorpresa entonces por qué Panamá nos va goleando en los ranking de competitividad en esa y otras materias.

En infraestructura de puertos caímos al puesto 137 de 143 naciones, solo superamos a Haití y en clima de negocios, según el Banco Mundial, el país cayó al puesto 121 por debajo de Nicaragua.

Y a nuestros funcionarios lo único que se les ocurre, tras cada emergencia, es correr y poner puentes bailey en los derrumbes y hasta ahí.

El embate al sector productivo, al sector comercial, y al ciudadano común es palpable. No se extrañe el Gobierno del desencanto en que se sume su imagen en la opinión pública si la gente solo percibe ese corre, corre, tras cada temporal y no una apuesta de gobierno, de visión y liderazgo a temas esenciales para el desarrollo del país.