San José/AFP.- El anuncio de recortes del gasto público en Costa Rica tuvo eco favorable este jueves entre la oposición y expertos económicos, aunque los calificaron como insuficientes para paliar un abultado déficit que la presidenta Laura Chinchilla quería atacar con mayores impuestos.

Diez días después de quedarse sin su proyecto estrella, una reforma fiscal declarada inconstitucional, Chinchilla anunció la noche del miércoles la venta de activos estatales, congelamiento de salarios y pensiones altas, y una reducción del financiamiento del Estado a los partidos políticos.

"Se vio obligada a hacerlo. Es positivo que presente esta estrategia porque que la reforma fiscal es repudiada por la población, pero es insuficiente, preliminar. No se sabe muy bien cuánto significará en ingresos", declaró a AFP el economista Helio Fallas.

Chinchilla invirtió los dos años que lleva de gobierno en impulsar, hasta ahora infructuosamente, este plan de alzas generalizadas de impuestos que, para enfrentar un déficit del 5% del Producto Interno Bruto, implicaba una carga tributaria promedio de 1.000 dólares anuales por cada familia costarricense.

Sin posibilidad de subir tributos, la presidente apuntó entonces a reducciones de gastos, como reclamaban sectores de oposición.

Las medidas "van en la dirección correcta", pero el impacto en el fisco será "relativamente pequeño", comparado con el déficit, dijo el economista Alberto Franco.

El gobierno anunció que congelará también los gastos de representación de funcionarios públicos; eliminará exoneraciones a productos de lujo y el envío de remesas de utilidades al exterior.

Además creará una factura electrónica para garantizar que las compañías paguen efectivamente el impuesto sobre las ventas y se autorizará a las empresas e instituciones públicas para que trasladen sus superávits al gobierno central.

"Es un buen inicio, esas medidas debieron anunciarse hace un año. Pero aún no se le ha metido el bisturí al gasto, como en consultorías y se debe rebajar, no solo congelar, las dietas" (Gastos de representación), dijo Luis Fishman, diputado del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), gestor de las acciones de inconstitucionalidad contra el plan fiscal.

La presidenta señaló que las medidas representarán cerca de un 0,8% del PIB y procurarán que el déficit no supere el 5% al final de su administración, dentro de dos años, pero reconoció que buena parte de ellas requieren aprobación legislativa.

"Ahí deberá volver a la negociación en el Congreso, esperamos que de forma efectiva con los distintos partidos políticos, no solo con uno que lo apoya en la reforma fiscal", advirtió Fallas.

La Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) aplaudió el plan como forma de "ordenar la casa", pero pidió trabajar en acciones para reactivar la economía y garantizar que crezca de manera sostenida por encima del 6%, según un comunicado.

"Hay unas medidas correctas, pero las de recorte de gasto pueden provocar una parálisis institucional", dijo por su parte el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, férreo crítico del gobierno.

La reforma tributaria, que había sido aprobada en el primero de dos debates por el Congreso, enfrentó el rechazo no solo de los sindicatos, sino también de gremios empresariales, además de un sector de la oposición.

El plan establecía transformar un impuesto a las ventas en tributo al valor agregado, aumentando la alicuota de 13 a 14%, la instauración de un impuesto de renta global y universal, y tributos a las zonas francas, hasta ahora exoneradas.