Los 700 espacios carcelarios que el Ministerio de Justicia pretende construir para privadas de libertad no tienen en estos momentos ubicación, pero desde ya tiene algo asegurado: alojarán una sobrepoblación de reclusas.
En el 2011, la cantidad de mujeres que fueron condenadas a prisión por flagrancia se sextuplicó en San José con respecto al año trasanterior.
Según un informe del Tribunal de Flagrancia, en el 2010 siete mujeres fueron remitidas a la cárcel. El año pasado, 81 mujeres entraron como imputadas a ese tribunal y de estas, 43 (que representan más del 50%) recibieron pena carcelaria.
Eugenio Polanco, director de Adaptación Social, indicó ante la actual falta de espacio no existe claridad sobre cómo paliar con el problema a corto plazo.
El funcionario dijo que en la cárcel El Buen Pastor, San Rafael Arriba de Desamparados, hay una sobrepoblación de 134 mujeres. La capacidad máxima es de 641 y ahora tienen a 775 reclusas.
“Si se siguen enviando más mujeres a prisión, ya no sabríamos dónde colocarlas.
“Por eso digo que para cuando estos (los módulos) sean construidos, ya van a estar sobrepoblados. Eso indica que, por el panorama político–económico del país, terminar con esta sobrepoblación resulta imposible”, advirtió.
Para el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (Defensoría de los Habitantes), esta problemática va más allá del espacio físico.
Según el análisis, el hacinamiento viola el derecho a la integridad personal, ya que genera problemas de convivencia entre privados de libertad.
Más dinero, menos aglomeración
El director de Adaptación Social comentó que hacer más cárceles ayudaría a contrarrestar el incremento en la población femenina penitenciaria.
“Tenemos el proyecto de hacer estos espacios para mujeres. Lastimosamente, no está en firme. Las construcciones, supongo, empezarán si acaso hasta finales del año entrante”, recalcó.
Hernando París, ministro de Justicia, informó que la Asamblea Legislativa aprobó el uso de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para abrir nuevos espacios a mujeres.
Aún no se determina dónde se llevarán a cabo las obras.
Esto es una bocanada de aire para Justicia, pues según Polanco, el presupuesto de Adaptación no da abasto para hacer mejoras.
“Con el dinero que contamos, hacemos construcciones en el Buen Pastor, pero no es suficiente. Por eso esperamos que la Asamblea nos apruebe un presupuesto extraordinario que pedimos hace semanas”, aseveró.
La situación ha empeorado debido a los derrumbes que obligaron a clausurar parte de la cárcel femenina de Desamparados.
“La estamos haciendo nueva para dar mejores condiciones. Hemos invertido como ¢3 mil millones”, dijo Polanco.
Factores influyentes
El director de Adaptación Social mencionó que la flagrancia y el “recetar prisiones preventivas” provocaron que la cifra de mujeres en prisión creciera.
“La población debe entender que meter gente a la cárcel no es la solución a la criminalidad. Eso empeora”, subrayó.
El informe del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura señaló al Tribunal de Flagrancia como un disparador de personas encarceladas.
Por robos y hurtos
David Hernández, juez coordinador del Tribunal de Flagrancia de San José, aseguró que las mujeres sentenciadas en el 2011 cometieron delitos graves, entre estos contra la propiedad.
“Estoy casi seguro de que el 100% de las mujeres están involucradas en robos agravados y en hurtos a tiendas. Lo que aquí sucede es que las penas suben porque cuando las mujeres son descubiertas robando, se comportan de manera muy agresiva”, informó.
Hernández añadió que el aumento indica que las mujeres se involucran, cada vez más, en actos delictivos y eso las convierte en reincidentes.
“El que no tuvieran la posibilidad de acogerse a alguna salida alterna (suspensión del procedimiento, reparación integral del daño o conciliación) significa o que, o son reincidentes o que el delito cometido es muy grave, por lo que las penas son muy altas como para llegar a un acuerdo. Me sorprende ver este aumento”, comentó el jurista.
En el 2011, el tribunal josefino atendió 1.065 casos. De esos, 635 terminaron con condena y 425 se resolvieron por las vías alternas.
