Tres días antes del robo de 215 armas de la Policía de Tránsito, el 30 de enero anterior, la Auditoría Interna del MOPT advirtió al director de ese órgano policial, César Quirós, que iba a efectuar un estudio integral sobre el uso, asignación, mantenimiento y custodia de las armas.
La sorpresa llegó el lunes a primera hora, cuando salió a la luz que cuatro hampones ingresaron a la bodega 99, donde 385 armas tipo G-Lock –recién compradas– eran custodiadas por un guarda privado.
La sustracción era previsible. La Dirección de Tránsito había recibido tres llamadas de atención sobre las deficiencias en el almacenamiento de las armas. Los errores nunca se corrigieron.
“El recinto utilizado como Armería no cumple con los requerimientos indispensables para garantizar la adecuada custodia y salvaguarda de las armas y municiones existentes”, advirtió el oficio 2049 del 2006, dirigido a la entonces ministra Karla González. Tres años más tarde, la Auditoría Interna volvió a la carga y decidió concentrarse en la vulnerabilidad de la Armería.
En el informe AG-4221, los analistas señalaron que los controles de Tránsito sobre asignación de armas, extravíos, inventarios, trámites de renovación de permisos y listas de personas con llaves de las bodegas eran “inadecuados y en algunos casos, ausentes”.
Además, se determinó que las instalaciones centrales y regionales donde se almacena el armamento no contaban con las condiciones necesarias.
Los informes advertían sobre el riesgo de tener a un solo armero, quien además debía desempeñarse como oficial de Tránsito durante su jornada.
En setiembre del 2011, la exhortación provino de la Dirección General de Armamento, del Ministerio de Seguridad.
La inspección determinó que la Armería tenía puertas y cielorraso fácilmente vulnerables, hechos de plywood sin mallas. Además, la ventana carecía de refuerzo y una puerta no tenía llavín.
Situación era recurrente
Aunque los jerarcas de Tránsito planearon almacenar las armas de forma temporal en la bodega 99 (donde ocurrió el robo), eran conscientes de las medidas mínimas de seguridad que se requerían para custodiarlas.
Las 385 pistolas ingresaron el 28 de octubre a esa bodega, anexa a la oficina donde un mes y medio antes se denunció una sustracción de equipos.
“En la bodega número 99 se han recibido y mantenido en existencias las armas de fuego por períodos de hasta más de seis meses, a pesar de que no reúne las condiciones mínimas para esos efectos”, reveló un nuevo informe de auditoría, emitido casi un mes después del robo de las armas.
Ese almacén carece de alarmas, cámaras de vigilancia, registro de control de acceso y seguridad perimetral. Los armarios metálicos ni siquiera tenían candados, señalaron los auditores en el oficio AG-540-2012.
La custodia del acceso a la bodega quedó en manos de un guarda privado por turno.
Aún existe un solo armero, quien sigue dividiendo su jornada para vigilar el tránsito.
“Las armas nunca debieron permanecer en la bodega más tiempo del estrictamente necesario”, admitió el hoy exministro de Transportes, Francisco Jiménez, en su comparecencia ante la subcomisión legislativa.
Ante la desatención de los informes, los diputados exigieron la renuncia de Jiménez. La presidenta Laura Chinchilla accedió el viernes, pero por otro motivo.
Lote de armas permaneció tres meses en una bodega insegura
28/10/2011. Adquisición: El encargado de la bodega recibe 385 armas.
30/01/2012. Desaparecen: Se denuncia el robo de 215 armas nuevas.
02/02/2012. Medidas: Se suspende a César Quirós con goce de salario.
20/02/2012. Para custodia: Se trasladan 192 armas al Arsenal Nacional.
