El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de Tránsito se encuentran a la espera de que la Contraloría General de la República dicte responsabilidades por el robo de las armas.
De ese dictamen depende el futuro del director de Tránsito, César Quirós, quien el miércoles cumplió tres meses de estar suspendido con goce de salario.
En esa condición también están el jefe administrativo de la Dirección de Tránsito, Gerardo Aymerich y el encargado de la bodega, Christian Bagnarello. Él recibió el lote de pistolas.
Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene las pesquisas para dar con las 138 armas que restan por recuperar.
Desde el 20 de febrero pasado, 192 pistolas que el Tránsito aún tenía en reserva se trasladaron al Arsenal Nacional para su custodia temporal.
En su comparecencia ante la subcomisión legislativa que estudió el caso, el hoy exministro de Transportes, Francisco Jiménez, señaló que mientras no exista una armería adecuada, se solicitará apoyo a Seguridad Pública.
“La bodega no servirá más como recepción y menos como almacenamiento”, añadió.
Además, se contrató a cinco nuevos oficiales para que se encarguen de reforzar las funciones de custodia de la armería.
Por ahora, el MOPT trabaja en la elaboración de inventarios de armamento y municiones.
Aunque todas las entidades del Gobierno están obligadas a rendirlos de forma semestral, la Policía de Tránsito lo entregó por última vez en el 2008.
