El informe elaborado por la subcomisión legislativa que estudió el robo de las armas de Tránsito reveló que el 53% de los oficiales no cuentan con armas para el ejercicio de sus funciones.

No obstante el informe de Auditoría del MOPT señaló, tras la sustracción, que podría existir un sobreabastecimiento de armas.

Antes del saqueo, la Policía de Tránsito tenía 563 pistolas almacenadas.

De los 814 oficiales, son 431 quienes laboran sin esta herramienta, “por lo que existe un incumplimiento a la obligatoriedad establecida en la Ley General de Policía”.

Una de las recomendaciones finales de la subcomisión legislativa fue “instruir a las jefaturas regionales para que cada oficial tenga su arma reglamentaria”.

Asimismo, los diputados hallaron que al menos 129 oficiales de Tránsito tienen vencidos sus permisos de portación de armas.

Como agravante, el oficio 540-2012 del MOPT advirtió que algunos oficiales se llevan el armamento para sus casas.