Unos 60 equipos pesados y livianos propios del MOPT trabajarán la próxima semana en la trocha fronteriza con Nicaragua, –ruta 1856 – luego que se suspendieran temporalmente los contratos con empresas privadas que realizaban el lastrado en la vía.
Luis Llach, ministro a.i. de Obras Públicas y Transportes, indicó ayer que las investigaciones judiciales por supuestos actos de corrupción, por parte de dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), no impiden continuar con las obras.
Las autoridades estudian la posibilidad de realizar cambios en la forma de contratar y fiscalizar empresas a fin de impedir cualquier hecho de corrupción.
“Vamos a analizar la forma en la que se ha venido trabajando. Haremos los ajustes necesarios en la forma de hacer las cosas y luego continuaremos con los trabajos. Hay un compromiso en este sentido por parte del Gobierno”, indicó el jerarca interino.
Supervisión
La empresa Cacisa, que supervisa la vía San José - Caldera, fiscaliza las labores en la carretera desde febrero. Además, no descartan recurrir al Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la UCR y al Colegio de Ingenieros y Arquitectos para garantizar la calidad de los trabajos en la carretera.
Solicitaron a los vecinos de la zona convertirse también en fiscalizadores y denunciar cualquier acto de corrupción, así como labores no hechas o mal ejecutadas; en general, cualquier irregularidad que se presente.
Avance
Según informó el MOPT, la próxima semana se intervendrán los 30 kilómetros entre Los Chiles, pasando por el sector de la trocha y Pocosol, esto con maquinaria de Guanacaste y San Carlos.
En abril se invirtieron ¢250 millones; se han colocado unos 12 mil metros cúbicos de lastre.
Polémico
El viernes Laura Chinchilla, presidenta de la República, dio a conocer los aparentes actos de corrupción en los que figuran dos funcionarios del Conavi de apellidos Ramírez y Serrano.
Esta situación le costó el cargo al hoy exministro del ramo, Francisco Jiménez.
El lunes, unos 34 empresarios protestaron por la incertidumbre que les ocasionó la paralización de la trocha 1856, pues aseguraron tener más de cuatro meses de no recibir pagos del Gobierno.
