Tiene un déficit de ¢19 billones

Angie López Arias

angie.lopez@aldia.co.cr

El Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) tiene un déficit actuarial que asciende a ¢19 billones, por lo que sería insostenible al 2025 de no tomarse medidas.

La Superintendencia de Pensiones (Supen) advirtió ayer que ese monto equivale al valor total de la producción de bienes y servicios del país, lo cual se denomina Producto Interno Bruto (PIB).

El resultado de ese faltante proviene del estudio actuarial con cifras al 2010 que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entregó a la Supen y en la que se hace una proyección, a cien años, del valor de los activos y pasivos de dicho régimen.

Según estimaciones de Supen, al 2025 el IVM no tendría dinero para pagar las pensiones de más de un millón de afiliados, lo que contradice las proyecciones de la Caja, que indicaban que eso ocurriría hasta el 2040.

Édgar Robles, superintendente, dijo que harán un estudio actuarial para, a partir de ello, definir acciones por ejecutar. Adelantó que estas podrían ser incrementar las cuotas, aumentar la edad de retiro a los 66 ó 67 años o inclusive un impuesto que genere el uno por ciento del PIB.

“Maquillaje”

Robles dijo que observaron un “maquillaje contable” en el último estudio actuarial de la Caja de 2010, ya que sobreestimó la densidad de cotización de los trabajadores al régimen, lo que se refiere al período que el trabajador cotiza para la pensión.

“Por obra y magia se pasó de un promedio de cotización de casi 10 meses al año a uno de más de 11 meses, justo durante un período de crisis”, afirmó.

Además, manifestó que en el estudio de 2008 la Caja también lo maquilló a fin de ajustar, al mediano y largo plazo, las proyecciones de sostenibilidad del régimen por más de tres décadas.

Denuncia a jerarcas de CCSS

La Supen denunció, el 7 de setiembre ante la Fiscalía, a Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la CCSS, Manuel Ugarte, gerente financiero, Dinorah Garro, exinterventora y Miguel Pacheco, gerente de pensiones. También a Eduardo Doryan, exjerarca de la Caja, por incumplimiento de deberes.

Al parecer, la Supen realizó diversas solicitudes de información a los funcionarios, pero se negaron alegando que excedía en sus potestades de supervisión. Según Robles, hoy se prohíbe el ingreso de equipos de la Supen a edificios de la CCSS.

Sobre la denuncia, Balmaceda dijo que responderá a las instancias correspondientes con total trasparencia. También negó las acusaciones que hace Supen en cuanto al maquillaje de estados financieros del IVM y se mostró sorprendida de que el superintendente diga que se ha negado el acceso a la institución.

En cuanto a la sostenibilidad del régimen, la presidenta aseveró que las reservas del IVM superan los ¢1,4 billones y que a agosto de este año tienen un crecimiento de ¢126 mil millones.

Se intentó conocer la posición de los demás funcionarios sobre la denuncia. Algunos tenían su celular apagado y otros, aunque timbraba, no respondieron.