En esta semana la exviceministra de Cultura y Juventud, Karina Bolaños, ha sido protagonista de discusiones y polémicas en los foros más importantes y en los más informales del país.
Un polémico video, su destitución y una ola de opiniones sobre el tema, han sido puntos álgidos en el ámbito público.
Más allá del detalle y las particularidades del caso, el punto de revisión, por una parte, es el del respeto por el derecho a la intimidad de una persona y por otra, el uso sin escrúpulos de esa intimidad en las redes sociales, cuyas consecuencias son insospechadas ya sea como represalia, venganza o morbo.
Las reacciones de toda índole no se hicieron esperar y en las mismas redes sociales se produjo todo un catálogo de posturas, –algunas lógicas y argumentadas –, otras que acudieron a la chota política para criticar la decisión de la presidenta Laura Chinchilla de destituir a Bolaños, bajo el pretexto de darle libertad para que ella enfrente los procesos judiciales que tiene pendientes.
Para algunos, la destitución de Bolaños está impregnada de un machismo que no se justifica y que desfavorece la posición de la mujer y el respeto a vivir su sexualidad y su intimidad. Y algunos expertos en leyes aseguran que las acciones del Gobierno en contra de la exviceministra, podrían constituir una violación de sus derechos fundamentales, como la intimidad y la imagen.
Nuestro ordenamiento protege dicho ámbito y sanciona su violación, ser observada ni manipulada desde el exterior. En teoría, cualquiera persona debería tener el derecho de controlar cuándo y quién accede a diferentes aspectos de su vida personal.
Cuando ese derecho se viola, no solo es una agresión contra la dignidad de alguien en particular persona, sino de la sociedad toda, pues se transgreden valores y principios que son válidos para todos los ciudadanos.
Tras este incidente, hay más lecciones para capitalizar, entre ellas, que esa barrera que debería constituir el ámbito privado de cada quien, puede ser violado en cualquier momento generando así las peores consecuencias para quien además de ser objeto de la exhibición, se convierte en motivo de crítica y de censura.
Que los cargos y funciones públicas sí se ven afectados por lo que se haga en el ámbito personal.
Que este tipo de delitos cibernéticos, además de afectar negativamente a quienes estén en la mira, quedan prácticamente impunes, pues aunque el Inamu le ofreció a la exfuncionaria asesoría y ayuda para detectar a la persona que colocó el video en la web, posiblemente nada pasará.
Las opiniones están divididas y parece que al final del túnel en este caso no hay una luz clara que le dé la razón a unos o a otros.
Lo que sí es claro es que se marca un antes y un después en cuanto a lo precavidas que deberían ser las figuras públicas en el manejo de su intimidad ya que quedan tan expuestas, la vitrina es muy grande y difícil de controlar.
El país debe transformar el escándalo en una gran reflexión que nos eduque y habilite para administrar estas herramientas modernas con un poco más de tino y humanidad, ética y principios y respeto a la legalidad. Para que sean nuestras aliadas y no nuestras más declaradas enemigas.
