La Sala Constitucional avaló ayer el decreto que prohíbe la venta de alimentos poco saludables en escuelas y colegios.
Ante el recurso de amparo en defensa de concesionarios de sodas, el órgano jurisdiccional determinó que el bienestar de los menores constituye un interés superior del Estado.
“En la contratación que se hace con los proveedores que brindan estos servicios en los centros educativos, resulta totalmente válido y es una cuestión meramente contractual que se regule el tipo de productos a ofrecer, atendiendo al objetivo señalado, lo que no resulta irrazonable ni desproporcionado”, dice el fallo.
Jimmy Leitón, concesionario de la soda de la escuela Braulio Morales, en Heredia, indicó que estudian otras opciones legales para introducir de nuevo los alimentos, pues desde diciembre tenían los menús aprobados.
Asegura que muchos colegas incurrieron en despidos debido a la baja en las ventas y que la medida beneficia a vendedores informales en las afueras de escuelas.
