Un total de 25 mujeres que fueron contratadas como bailarinas en el extranjero, pero que al llegar al país fueron obligadas a prostituirse en un club nocturno de La Uruca. El OIJ las rescató del cautiverio en que permanecían.
Jorge Rojas Vargas, director del OIJ, aseguró ayer que entre las mujeres hay colombianas, hondureñas, venezolanas, dominicanas, nicaragüenses, costarricenses y una rusa.
Además de ser obligadas a ejercer la prostitución, las mujeres recibían un pago mínimo para su manutención. Sus captores les indicaban que habían recibido quejas de los hombres que habían pagado por sexo.
“Aquí llegaban, les quitaban sus documentos para que no se pudieran ir y les decían que no les pagaban como parte de una sanción. Es un delito de trata para fines de explotación sexual”, manifestó Rojas.
Agregó que varias de las mujeres están en el país desde el 2010. Ellas eran retenidas en una casa situada frente al club nocturno, donde les tenían prohibido salir.
Tras cinco allanamientos en viviendas de Escazú, Sabana sur, Rohrmoser, Alajuelita y el club nocturno Atlantis, en La Uruca, el OIJ y la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada arrestaron a tres sospechosos.
Se trata de un egipcio de apellido Elhamid, un costarricense de apellido Sánchez y un colombiano de apellido Caicedo.
Rojas comentó que el apoderado del centro nocturno es un estadounidense de apellido Scott, quien al parecer no está en Costa Rica, por lo que ahora se pedirá la cooperación de la Policía Internacional (Interpol) para ubicarlo.
El colombiano y el tico administraban el local, mientras que el egipcio quedaba a cargo si el norteamericano no estaba.
Disparaban a las paredes
De acuerdo con la investigación efectuada por los agentes del OIJ, los sospechosos amenazaban a las mujeres y las llevaban hasta una pared, donde había perforaciones de bala.
“Ejercían una violencia tremenda contra ellas con el fin de intimidarlas. Desde el 2008 se seguía el caso, pero las víctimas lograron salir del país y se activó desde el 2010”, explicó Rojas.
Entre lo decomisado hay un microbús Ssang Yong y un arma de gran poder.
Según el artículo 172 del Código Penal, la pena por el Delito de Trata de Personas ronda entre los 6 a los 16 años de prisión.
