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Sábado 6 de agosto de 2011, San José, Costa Rica

Piden cárcel contra implicados en plan de escape

Justicia no descarta más ayudas para fuga

Hugo Solano

hsolano@aldia.co.cr

El ministro de Justicia Hernando París reveló ayer que investigan a otros cinco custodios en procura de preguntas sin contestar sobre la fallida fuga del 11 de mayo en La Reforma.

¿Por qué ingresaron armas? ¿Por qué las llaves aparecieron días atrás en un lugar que no era el que correspondía? ¿Por qué se habían suspendido las pasarelas nocturnas? Para esas preguntas aún no hay respuesta.

Las siete personas detenidas por favorecer el plan de fuga pasarán seis meses en la cárcel si prospera la solicitud de la Fiscalía.

Entre ellos figura un custodio supervisor de apellido Castro y la hija de Joehl Araya (líder de la grupo escapista).

Entretanto, los 26 policías penitenciarios involucrados en la golpiza posterior a los reclusos –agresiones que acabaron con Araya – siguen libres y a la espera de indagaciones.

Doce de ellos están suspendidos y podrían ser acusados de homicidio, ya que están directamente vinculados a las torturas que durante cinco días propinaron a Joehl hasta causarle la muerte.

Esa escuadra, que sustituyó a los custodios del día de la fuga, arremetió contra los reos de Máxima Seguridad por motivos que la policía no tiene claros.

Una venganza por la muerte del compañero Francis Morales o bien que se guardara silencio en relación con la gente que participó a lo interno motivaron el crimen de Joehl, según dijo el fiscal general Jorge Chavarría.

Pacto de silencio

Para que las torturas no trascendieran, hubo un pacto de silencio y las autoridades de La Reforma no se enteraron hasta que surgieron las denuncias posteriores de los privados de libertad.

El ministro París afirmó que no se puede justificar la agresión policial a los reos, ya que los custodios no pueden sobrepasar sus límites y al hacerlo podría haber causal de despidos.

El funcionario recordó que este año cayó un fiscal en Limón y hubo condenas a jueces y policías de la Fuerza Pública, por lo que la policía penitenciaria no es ajena al crimen organizado.

“Hoy por hoy el sistema de justicia penal es vulnerable a situaciones de este tipo y Costa Rica tiene que prepararse”. Acotó que tras los hechos, la sección de Máxima Seguridad fue intervenida y luego toda la cárcel.